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Los eventos que están castigando a la sociedad desde hace un tiempo a esta parte amenazan con dañar las bases mismas de la democracia. Parecen hechos aislados que se desatan todos al mismo tiempo o con días de diferencia; pero sus efectos pueden tener el mismo objetivo: debiltar el poder constituido y causar serios daños a las políticas sociales que el Gobierno viene desarrollando desde 2013.
A la sombra de una mal comprendida ‘críticas en libertad’ se llevan las trabas al límite con tal de destrozar el trabajo que se realiza a favor de los sectores menos protegidos de la sociedad. El escenario hoy es el tratamiento del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017.
Examinando posibles causas de esta actitud de las fuerzas opositoras entontramos que la única intención es desacreditar acciones del Estado, debilitarlo y bajar al mímimo las posibilidades de seguir con el programa de Gobierno mas allá del 2018. En pocas palabras; oposición electoralista; pero lo que no saben o no les interesa es que esta actitud socaba los cimientos de la democracia.
Un solo caso puede servir de ejemplo para explicar las verdaderas intenciones de estos facciones sin evaluar las contradicciones. Los alardeos proferidos hoy por la izquierda en favor de la condonación de la deuda de los pequeños productores, pero cuando estuvieron a la cabeza de la administración del país, su principal líder, entonces presidente Fernando Lugo, en 2009, rechazó de plano el mismo pedido (la condonación) hecho por los mismos dirigentes que hoy se apoyan en quien los rechazó en 2009.
No importa la contradicción pues el objetivo es mas importante y ya habrá tiempo de explicarlo, si es que sus planes prosperan. El proyecto tiene otros componentes que obligan a pensar que el objetivo supera la importancia real del reclamo coyuntural.
Martilleo constante sobre cada gestión de Gobierno busca aumentar los riesgos de deslegitimar la democracia, con todo lo que este escenario puede acarrear; inestabilidad social y política, retornos de discursos y posturas autoritarios, desafección política, etc. En definitivas desencanto de la democracia como factor de resolución de problemas sociales.
El plan de retirar la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte o directamente eliminarlo responde a un plan bien elaborado de sectores de izquierda que tienen alguna vinculación con los delincuentes armados y ocultos en la espesura. Existe todo un proyecto político detrás de esa exigencia.
El Gobierno se ve en la obligación de extremar recursos para hacer frente a esa propaganda y destacar lo que existe de detrás de los números. Demostrar que existen gestiones para reducir el déficit social que heredó de administraciones anteriores exige esfuerzos extras y responder de esa manera a las fuerzas opositoras que se ocultan detrás de la trillada muletilla: ‘¿Qué hicieron estos tres años?’.
No es correcto atribuir al equipo de Gobierno actual los resultados del desempeño de sus antecesores como lo intentan apuntar los detractores de hoy, representantes de aquellas administraciones, hoy sentados en el Congreso fungiendo de opositores auto nombrados portavoces del pueblo, al mismo que abandonaron a su suerte en su momento.
A propósito, hasta el momento no existe un reconocimiento de estas fuerzas de su fracaso y como si nada hubiese ocurrido pretenden regresar.
Son responsables de los déficits sociales y económicos; que determinaron una herencia de un Estado muy debilitado a punto de arriesgar la misma institución democratica. Ellos saben eso. Lo más grave de todo esto es que estos actores políticos están orientados preferentemente en cumplir sus intereses particulares y no los colectivos a los cuales se suponen representan. El consejal del Frente Guasu, Elvio Benítez, conoce mucho de eso.
En esas condiciones, resulta difícil alcanzar acuerdos que permitan la gobernabilidad democrática, entendida como la posibilidad real de una gestión de un Estado eficiente, es decir, que resuelve los problemas prioritarios de una sociedad, y originada en una agenda consensuada de manera representativa y participativa.
Esta dificultad se está plasmando en el tratamiento del Presupuesto General de la Nación. El criterio opositor tiene un solo elemento analizador: político electoral; sin importar que eso destroce una agenda social. De ahí a la reacción de las masas hay un solo paso.
Frente esta situación de riesgo de ingobernabilidad el mismo sistema político se debilita. Adeministrar conflictos terminan poniendo en duda la eficiencia de las instituciones y al final arriesga la inversión de recursos en proyectos para la gente, se pierden esfuerzos y los resultados son conocidos; mas pobreza, mas disparidad social, exclusión y el ciudadano termina descreyendo en la democracia porque no le resuelve su problema.
Nada de eso es importante, si lo es el plan de pronto retorno.
