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Resulta difícil una evaluación objetiva y desapasionada de la labor de la prensa en materia de informaciones policiales y judiciales, ya que por un lado, se han registrado (y se siguen registrando) excesos, que se traducen en la transgresión de normas que regulan el modo de transmitir la información periodística, cuando afecta la vigencia e integridad de derechos y garantías esenciales y básicos, inherentes al ser humano.
En muchos de los casos – quizás en la mayoría – no se cumple con cuanto establece el Art. 22 de la Constitución Nacional que dice: “…La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoria…”.
Pero debemos reconocer, que en muchas oportunidades, gracias a que la prensa ha forzado la interpretación de esta norma, la sociedad ha tomado intervención directa en ciertos casos, generando presión eficiente, para impedir impunidades o evitar injusticias.
Es lamentable que tengamos la necesidad de recurrir a los medios de prensa, y a la presión social para procurar que la administración de justicia haga más o menos bien sus delicadas tareas, pero, si ese es el precio que debemos pagar para lograrlo, nada habrá de reprochable, porque – como decía el jurista y filósofo inglés Jeremías Bentham, hace cerca de 200 años – la publicidad, para los jueces “…es necesaria como freno en el ejercicio de un poder del que es tan fácil abusar…”.
En puridad, los jueces son seres humanos como cualquiera de nosotros, con virtudes y defectos, fortalezas y flaquezas, en consecuencia, pasibles de presiones e injerencias en el desempeño de sus funciones, aunque se supone que el juez debe superar sus defectos y sobreponerse a sus flaquezas.
En nuestro país, se ha pretendido establecer un sistema de selección y nombramiento que garantice la calidad técnica y la formación académica de jueces y fiscales, para lo cual, la Constitución del ´92 creó el Consejo de la Magistratura.
La nueva institución adoptó el concurso de méritos como instrumento, asignando calificaciones previamente establecidas a los postulantes a ocupar los cargos de jueces y fiscales, olvidando que la calificación profesional, no es más que una parte de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a tan delicadas funciones, pero se olvidaron que tan (o más importante) es la aptitud, entendida como “…Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad…” (Diccionario de la Lengua Española).
La capacidad requerida para ejercer competentemente la actividad judicial, se encuentra determinada por las cualidades personales, más allá de las profesionales, por las condiciones éticas y morales que determinan el carácter, que escapa a una evaluación que se limita a la simple competencia en la que triunfa quien tiene mayor número de diplomas, certificados o constancias de participación en cursos, congresos o seminarios.
Los resultados de las selecciones y nombramientos producidos durante los veinte años transcurridos desde que se adoptara este sistema, evidencian su fracaso, fruto del error conceptual y la ausencia de criterios claros sobre las necesidades y el modo correcto de construir una Administración de Justicia “competente”.
El sistema de concursos adoptado ha convertido, desde el principio, al Consejo de la Magistratura en una oficina de empleos gerenciada por operadores políticos, que permitió que accedan a la Magistratura a muchos sin capacidades o condiciones para alcanzar niveles aceptables de éxito profesional.
Lógico es que aquellos que han logrado destacarse en el ejercicio privado de la profesión no tendrán ningún interés en someterse a las exigencias de un procedimiento dominado por factores políticos, infectado por intereses particulares, controlado por amigos, correligionarios, confesiones religiosas o sociedades secretas.
Lógico es que aquellos no tendrán interés en los salarios o privilegios, al precio de hipotecar su independencia, sus principios, sus criterios.
La dignidad del cargo, ha sido sustituida por una burocracia que exige a los magistrados a ser funcionales a intereses extraños a la recta administración de justicia, y permeables a ilegitimas presiones.
La publicidad del homicidio de la niña Vivian Paredes Zanotti Cavazzoni, hace unos días, ha permitido sacar a luz y poner en evidencia la calidad humana de nuestros jueces y fiscales, quienes, sin importarle en lo más mínimo que, ni la Constitución Nacional y las Leyes faculten a la Senad a hacer uso de la fuerza pública, a realizar allanamientos, ni a practicar detenciones, han autorizado y convalidado estas irregularidades.
Los fiscales se han sometido a exigencias ilegales adornadas por vistosos uniformes de combate, y los jueces concurrieron prestos a brindar un manto de legalidad formal, violando el ordenamiento legal de la República, como lo hacen cotidianamente, cuando disponen allanamientos sin fundamento, ordenan detenciones arbitrarias o toleran barreras policiales ilegales.
De la muerte de la niña Vivian Paredes Zanotti Cavazzoni, no son responsables – únicamente – los que jalaron del gatillo, sino de quienes autorizaron la realización del procedimiento, en violación a las leyes. De quienes pusieron armas del Estado en manos de una fuerza que opera a espaldas de la ley; de quienes otorgan allanamientos y ordenan detenciones solo porque el Ministerio Público lo requiere. Responsables de esta muerte, y de muchas otras, son los que por el solo afán de conservar el sueldo, han optado por vivir de rodillas, antes que morir de pie, y con los pantalones puestos.
