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En febrero del año 2011, los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y Cristina Fernández de Kirchner, de la Argentina, asistieron a un acto realizado en la ciudad de Posadas en el que los directores de Yacyretá de ambos países, Fulgencio Rodríguez y Oscar Thomas, procedieron a la firma de un “Acuerdo de Voluntades” que permita desendeudar a la hidroeléctrica. Este, que no pasó de ser una expresión de deseos, consistía en la “quita” de una parte de los 15.000 millones de dólares a los que había ascendido el pasivo en aquel entonces, reduciéndolo a 6.000 millones, según lo publicado en la época por ABC Color.
El negociador por parte del gobierno y actual senador por Avanza País, Miguel López Perito, calificaba el hecho como “un gran logro”, que de haberse concretado lo hubiera sido, por cierto. Otros, como Efraín Alegre, titular del Ministerio de Obras Públicas del gobierno luguista, no formularon la menor objeción, siendo un área de su directa competencia, al igual que su colega Rafael Filizzola, ministro del Interior, y su esposa, Desirée Masi, en consonancia con el ambiente generalera claramente favorable a la consumación del proyecto, tanto en medios políticos como periódísticos. En consecuencia, debemos preguntarnos y preguntarles, ¿Por qué ahora se oponen tajantemente a un arreglo más beneficioso para el país que el propuesto con tantas expectativas hace 6 años?
La pregunta no es ociosa. En esta ocasiónno se obtuvo una simple manifestación de “voluntad” por parte del gobierno argentino, sino un compromiso firme, documento mediante, y una “quita” que supera con creces a la del 2011. En dicha oportunidad, Lugo y sus negociadores proyectaron sin éxito la reducción de 9.000 millones de dólares, para que la deuda se sitúe en 6.000 millones, en tanto que el “Acta de Entendimiento” suscrito entre Horacio Cartes y Mauricio Macri, a comienzos de mayo pasado, establece una disminución de 15.000 millones (de los 19.000 millones a los que ya había ascendido a la fecha), situándola en 4.080 millones, es decir, casi el 80% menos. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿Cómo se explica que lograr una “quita” de 9.000 millones de dólares hubiera sido un acto “patriótico” y esta, de 15.000 millones,“una traición a la patria”?
Ambas interrogantes, básicas, elementales, deben ser respondidas por los senadores del Frente Guasu, que se pronunciaron en contra del preacuerdo, empezando por el propio Lugo, así como por el negociador de la época, López Perito, que en el presente encabeza el ala “fundamentalista” para abortar la negociación. Y desde luego por Efraín Alegre, que instruyó a sus parlamentarios a actuar del mismo modo.
Por su parte, los colorados “Añetete” hasta el momento no se manifiestaron sobre la cuestión, y deberían hacerlo. No es un tema cualquiera, sino uno de enorme interés para la República, del cual ningún actor político puede mantenerse prescindente o, peor todavía, intentar provocar confrontaciones políticas basadas en absurdos cálculos electoralistas, frente a lo que debería tenernos unidos para, ¡por fin!, sacar rédito como nación.