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ASUNCIÓN.- El tema de los audios (o simplemente pinchazos telefónicos ilegales), está causando un revuelo temerario en la sociedad y en especial en el ámbito político. Surgen grandes incógnitas a las que los habitantes de nuestro país, hasta ahora, no encuentran respuestas, como ser: ¿por qué si hay 200 horas de audios, conocemos solamente media hora? ¿Acaso utiliza solo aquellos que le sirven para atacar a sus enemigos políticos y oculta los que, siendo del mismo tipo, perjudicaría a sus amigos?
Ahora que empiezan a aparecer los “padres de la democracia”, en los audios cobra fuerza que todos estamos en manos de quienes acceden a los materiales. En ese sentido, Guillermo Duarte Cacavelos manifestó acerca de la presentación de una nota en la que se pide una aclaratoria ante el Ministerio Público del por qué números telefónicos como los de Rafael Filizzola, Desirée Masi y Efraín Alegre aparecen en el supuesto pedido hecho por la fiscal Brígida Aguilar con respecto a los extractos de llamadas requeridos a Tigo.
Sin embargo, cuando alegremente los medios de comunicación y en especial de Aldo Zuccolillo Moscarda (Radio Cardinal y ABC Color), difundieron los audios a escasas horas de las elecciones internas de la ANR, se hicieron del desentendido.
“Así como José Ortiz, titular de Tabacalera del Este, quien dijo que se siente afectado por esta ‘investigación espuria’, nosotros también fuimos afectados porque los números que se requirieron son de Rafael Filizzola, Desirée Masi y Efraín Alegre”, dijo Duarte en referencia al pedido de extractos de llamadas supuestamente hecho a la empresa Tigo por la fiscal Brígida Aguilar, solicitud que la agente del Ministerio Público ha negado rotundamente desde que surgió la información.
“Hay personas afectadas en su intimidad, pero sin aparente causa de investigación penal que justifique ingresar a esa intimidad”, dijo el letrado en alusión a Efraín Alegre, Desirée Masi y Rafael Filizzola, cuyos números telefónicos aparecen en el pedido realizado supuestamente por Aguilar.
Sostuvo que este pedido no guarda ninguna relación con el caso del asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido durante las manifestaciones contra la enmienda en los días 31 de marzo y 1 de abril del año pasado.
La fiscal que lleva adelante la investigación sobre quién realmente realizó el pedido de extractos de llamadas, en los que se incluye a referentes políticos, fiscales y civiles, es Marlene González. “Ella tiene a su cargo dilucidar quién pidió esos números, por qué, y quién retiró esa información y todos los detalles que hacen al esclarecimiento de estos hechos”, expresó el abogado.
