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Siempre que se aborda el tema de los impuestos, en general, y el de la soja, en particular, un poco más y “arde Troya”. Los fundamentalismos se disparan, tanto de quienes consideran que la explotación del citado renglón agrícola no solo debe ser objeto de mayor presión tributaria, “porque no aporta nada”, sino directamente eliminarse, como también de los que pronostican el fin del mundo si se impusiera algún nuevo gravamen. A decir verdad, ambos extremos representan un obstáculo para el debate de fondo que debemos desarrollar para avanzar hacia un sistema impositivo más justo, en el cual el que tenga más, pague más, y que en el caso de los granos debe apuntar a las grandes transnacionales, sin afectar la producción y a los productores.
Establecer una tasa del 20 o del 15% a las exportaciones de soja, trigo y girasol, suena atractivo y hasta simpático. A primera vista pareciera que por fin meterán la mano al bolsillo de empresas como ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus y Noble, que constituyen un auténtico oligopolio, al tener el manejo del 80% del total del envío de dichos productos al extranjero. Pero solo a primera vista. Lo que en realidad sucedería en esa eventualidad es que dichas firmas no harán otra cosa más que trasladar esos porcentajes a los productores. Y ahí comienzan los problemas reales.
El economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda durante el gobierno de Federico Franco, afirmó que un impuesto de esta naturaleza provocaría una reducción del 50% de la producción, de 14 millones de toneladas a solo 7. También dijo que resultaría severamente afectado el sector que provee los fletes, por la eliminación de 350 mil cargas, los puertos graneleros e incluso el sistema financiero, con el cual el sector agrícola tiene una deuda de 2.300 millones de dólares.
Es muy probable que Ferreira exagere y que sus pronósticos apocalípticos no se ajusten a la realidad. De hecho no brindó datos concretos que los avalen. Sin embargo, es una obviedad que los productores sufrirían un coletazo importante, aunque difícil de dimensionar, y que tendrían muchas dificultades a la hora de honrar sus compromisos con los bancos de plaza, que ya les habían otorgado un refinanciamiento a la luz de la caída que experimentaron los “comodities” en el mercado internacional.
En cuanto al aporte de los productores, se pude discutir si pagan o no todo lo que corresponde, pero que pagan, pagan. Lo hacen al adquirir insumos, maquinarias, contratar servicios y, obviamente, por medio del consumo. De quienes el Estado recibe muy poco es de las transnacionales, que eluden parte del pago de impuestos sobre sus ganancias porque aquí declaran solo una parte de la misma, la menor, mientras que la mayor lo hacen en “paraísos fiscales”. En consecuencia, el esfuerzo debe girar en torno a encontrar una fórmula que permita cobrarles a estas grandes firmas agroexportadoras lo que están obligadas a pagarle al fisco y no lo hacen.
Entre tanto, un tema tan delicado como el que se plantea nuevamente, debe ser encarado por medio de un diálogo amplio, maduro, que tome en consideración los efectos económicos y sociales, así como los de índole recaudatorios, porque detrás de números aparentemente muy atractivos podría terminar averiándose uno de los motores de la economía, en tanto que “la caja” de ADM, Cargill y compañía, seguiría siendo inexpugnable para Hacienda, como siempre.