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ASUNCIÓN. El juez penal de Garantías, Mirko Valinotti, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, exfuncionario del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), acusado como cómplice en un caso de lesión de confianza. La investigación está relacionada con el millonario desvío de fondos de la ex Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), que debían destinarse a la construcción de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre 2012 y 2013, el técnico Camilo Recalde, habilitado como Servicio de Asistencia Técnica (SAT), recibió G. 16.750 millones de SENAVITAT mediante la cesión de subsidios habitacionales. Sin embargo, estos fondos fueron desviados a cuentas de la Cooperativa de Vivienda “Mi Casita”, presidida por Carol Turrini, esposa de Valenzuela. Posteriormente, el dinero fue retirado a través de cheques firmados por Turrini y Rebeca Valenzuela, sobrina del acusado. Carlos Valenzuela retiró de esas cuentas más de G. 1.650 millones sin justificación y sin que los recursos fueran utilizados en las obras previstas.
Los proyectos habitacionales presentaron severas deficiencias constructivas o directamente no fueron concluidos, perjudicando a cientos de familias que aguardaban una solución habitacional. Informes técnicos del MUVH confirmaron las irregularidades en la ejecución de las viviendas.
Valenzuela fue imputado en 2016 y acusado en 2017. En 2019, obtuvo una suspensión condicional del procedimiento con el compromiso de reparar el daño causado al Estado. Sin embargo, al no cumplir con la entrega de inmuebles ofrecidos como reparación y tras varias prórrogas concedidas, la Justicia revocó este beneficio en 2024.
Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado solicitó una nueva salida procesal alternativa, ofreciendo cinco inmuebles cuyo valor no cubría el perjuicio total. Además, planteó incidentes de prescripción y extinción de la acción penal, alegando dilaciones en el proceso. No obstante, el juez Valinotti rechazó estos planteamientos, señalando que la suspensión condicional interrumpió los plazos procesales y que el acusado ya tuvo suficientes oportunidades.
El fiscal Silvio Corbeta y los representantes del MUVH y la Procuraduría General de la República se opusieron a cualquier salida alternativa, argumentando que Valenzuela nunca mostró una verdadera intención de reparar el daño. Además, destacaron que el perjuicio fue doble: económico, por el mal uso de fondos públicos, y social, al dejar sin viviendas a cientos de familias.
Con esta resolución, Valenzuela Dávalos enfrentará el juicio oral, donde se determinará su responsabilidad en el desvío de recursos destinados a la construcción de viviendas sociales.
