ADN Digital
En una época en la que gran parte de las instituciones del Estado se han adecuado a exponer su actuación y funcionamiento ante la ciudadanía a través del acceso a la información pública, llama la atención que dentro de la Academia Militar todavía las cosas ocurran a escondidas, como si quienes la manejan están amparados por el secreto en su actuación.
Los últimos días fueron de intensa información sobre cadentes que fueron torturados por sus instructores o superiores y que, por la gravedad de sus lesiones, debieron ser atendidos fuera de sus murallas. Mientras los mismos chicos y sus familiares denuncian el trato inhumano que reciben, los altos mandos militares, en conferencia de prensa, desmintieron las denuncias y aseguraron que no hubo más que accidentes, a causa de los cuales, los cadetes resultaron con varias lesiones.
Con la voz quebrada por el dolor y la impotencia, la mamá de una chica que fue seriamente lastimada contaba que ella le pidió por favor que no la volviera a enviar a la academia, aterrorizada por las agresiones que había sufrido, desmintiendo en forma categórica la “versión oficial” que negó las torturas y el trato inhumano.
Históricamente, los cadetes del antes llamado Colegio Militar eran víctimas de tortura y agresiones, con la idea de que el que no podía sobrevivir a los abusos no servía para vestir el uniforme. Cualquiera pensaría que los preparan para la guerra y el enfrentamiento con temibles enemigos, y no para lo que en realidad hacen, generalmente trabajos de oficina (cuando hacen algún trabajo) sin siquiera ensuciarse demasiado las manos.
Si estos casos que se conocieron en estos días son apenas un indicio de lo que ocurre detrás de las murallas de Academil, urge una intervención seria de los órganos jurisdiccionales y la identificación clara de quienes son los que propician estos abusos clara y abiertamente prohibidos por la Constitución y los acuerdos internacionales.
Ya no existe impunidad para los militares ni para ningún otro sector que pretenda “enseñar” con abusos. Por lo menos, no debería existir y es momento de que la Fiscalía lo demuestre.