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ASUNCIÓN. Desde 2016, el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, militante del PLRA, es investigado por el Ministerio Público por varios hechos de corrupción. Sin embargo, pasó mucho tiempo debido a las chicanas que presentó durante todo el proceso, por lo que sus abogados solicitaron la extinción de la causa.

La acusación es por lesión de confianza por irregularidades cometidas en sus dos períodos al frente del municipio de la ciudad del Departamento Central, en donde fue reelecto a pesar de que ya pesaban graves denuncias en su contra.

La fiscal de la causa es María José Pérez, quien dice contar con suficientes elementos probatorios para la acusación, entre los que mencionó es una auditoría externa de gestión, que demuestra un faltante de aproximadamente 600 millones de guaraníes, que causó un grave daño patrimonial al municipio.

Mendoza estaba al tanto de la acusación que preparaba la Fiscalía, por lo que ayer decidió suspender las actividades de la municipalidad hasta agosto, presuntamente a consecuencia del covid-19.