ADN Digital
Desde hace tiempo que el presidente de Diputados, Miguel Cuevas, es investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y varios otros delitos cometidos mientras era gobernador de Paraguarí. La cosa se intensificó ayer, cuando los agentes fiscales allanaron propiedades del abdista, quien, como siempre, aseguró ser inocente y que no le temía a la Justicia.
La verdad es que si no teme ni a los fiscales ni a los jueces es porque está seguro de que sus colegas lo van a proteger, por eso ahora asegura que él mismo pedirá su desafuero, convencido de que no habrá mayoría en la cámara para que quede libre de su inmunidad. Pero es mentira que no tiene miedo; si así fuera, hubiera permitido que el plenario trate el proyecto que le retiraba la confianza por graves violaciones al Código de Ética, pero acostumbrado como está a armar contubernios, consiguió que sus compañeros de Colorado Añetete, aliados con el efrainismo, impidieran a toda costa que se lo colocara en la cuerda floja.
También es cierto que la Fiscalía tiene una llamativa lentitud para lo que compete al exgobernador de Paraguarí, porque la investigación en su contra, basada en graves denuncias presentadas por personas que se vieron afectadas por sus negociados, se inició ya el año pasado, sin que hasta ahora haya siquiera una opinión de los agentes. Es más, el allanamiento de ayer es la primera acción concreta que se ve después de mucho tiempo.
Claro que para esto hay explicaciones que tienen que ver con la nefasta injerencia del poder político en los órganos jurisdiccionales. Mientras arrecian las críticas en su contra, el presidente Mario Abdo Benítez muestra su abierto respaldo a Cuevas, a quien hasta sienta en un palco de honor, como si fuera una blanca paloma y no un presunto delincuente, desmintiendo así la promesa de que no habría protección a los corruptos, “caiga quien caiga”.
Si, finalmente y después de tantas dilaciones, Cuevas es imputado por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía deberá proceder de la misma manera que con Ulises Quintana, ordenando su prisión preventiva y rechazando la posibilidad de que se le otorguen medidas sustitutivas. Como el abdista no es nada tonto y sus orígenes como zapatero parecen haberle dado la suficiente viveza, lo más probable es que su promesa de pedir su desafuero sea puro cuento, salvo que tenga la seguridad de que sus colegas no harán lugar al pedido de un juez.
Claro que, aunque termine con la prisión preventiva, lo más probable es que la mayoría de la cámara ni siquiera tenga interés en analizar la posibilidad de destituirlo, tal como ocurre con Quintana, quien, a pesar de estar preso desde hace varios meses, sigue siendo diputado “con permiso”, obviando que su situación cumple con requisitos exigidos por la Constitución para la pérdida de investidura.
De por sí ya resulta vergonzoso que, a pesar de todas las denuncias en su contra, y no solo de su época de gobernador, sino también por los manejos turbios que tuvo y tiene en Diputados, siga siendo presidente de la cámara, lo que demuestra a las claras que a la mayoría de los legisladores no les interesa que la titularidad esté en manos de alguien de dudosos antecedentes y más dudoso aún, accionar. Eso podría hacernos pensar que sus colegas, en realidad, son sus cómplices y encubridores, quizás por la posibilidad de que ellos también puedan ser investigados por hechos similares.