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ASUNCIÓN. La actuaria judicial Susana Anahí Ayala Lima confirmó ante la Fiscalía que su firma y la de la jueza de Sentencia de Luque fueron falsificadas en documentos utilizados para intentar liberar a cinco procesados vinculados a la estructura narco de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
Ayala Lima relató que el fiscal Andrés Arriola la contactó para consultarle sobre la autenticidad de su firma en la S.D. N° 13 y el oficio N° 76, ambos fechados el 31 de enero de 2025, dentro de un expediente judicial. Al revisar los documentos, la actuaria confirmó que su firma había sido falsificada y que desconocía si la de la magistrada también lo había sido. De inmediato, remitió al fiscal una copia de su cédula de identidad y una muestra de su firma original para su comparación.
Posteriormente, la funcionaria fue consultada por el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, quien también recibió copias de los documentos adulterados. La magistrada Lilian Flores, cuyo nombre figuraba en los papeles, igualmente confirmó que su firma era falsa y anunció que presentará una denuncia formal.
Los documentos fueron presentados en la Penitenciaría Regional de Villarrica para otorgar medidas alternativas a la prisión a Glauber Fernández Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires. Sin embargo, al notar las irregularidades en las firmas, las autoridades penitenciarias detuvieron el procedimiento y alertaron a las instituciones correspondientes.
La fiscal Gladys Giménez, de Villarrica, está a cargo de la investigación sobre la maniobra fraudulenta.
Antecedentes del caso
Los mencionados internos fueron detenidos por violación a la Ley de Armas, tras un operativo en la estancia Allaite, en Bahía Negra, donde se hallaron fusiles de origen estadounidense, cargadores, celulares, una avioneta con bandera boliviana y motocicletas. Según la investigación, el establecimiento contaba con una pista clandestina utilizada por la organización narco liderada por Marset e Insfrán.
No es la primera vez que intentan obtener su libertad. El pasado 10 de enero, la Sala Penal de la Corte rechazó un Hábeas Corpus presentado por su defensa, al considerar que la detención es legítima y que no han cumplido los plazos mínimos establecidos en la legislación penal, según publica el portal El Observador.
