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ASUNCIÓN. El acuerdo firmado entre el Ejecutivo, el presidente del Congreso Oscar Salomón y sectores campesinos apostados en la capital, desató un conflicto en la Cámara Alta. En el documento se estipula que el gobierno se compromete a utilizar US$ 25 millones del MOPC, para destinar a programas de agricultura familiar. Ese monto, dice luego, será devuelto a dicho ministerio mediante una reasignación en el presupuesto.

El acuerdo no cayó bien en sectores del Senado. El senador Stephan Rasmussen disparó en su cuenta de Twitter que el titular del Congreso no tiene potestad para definir ese tipo de documento sin aval del plenario de senadores.

“El presidente del Senado Oscar Salomón no tiene la facultad de firmar ningún acuerdo en nombre del Poder Legislativo. Es 1 de 45 miembros”, dijo Rasmussen en su cuenta social.

Y la respuesta, por la misma vía, no se hizo esperar.

“Usted senador Rasmussen solo habla con gremios de la producción (me parece excelente eso) pero le invito también a escuchar a los campesinos e indígenas, no creo que le dé roncha. Un abrazo”, respondió Salomón.

ACUERDO QUE DESATÓ EL CONFLICTO

Acuerdo del Ejecutivo y el Congreso por el que se comprometen:

Por parte del Poder Ejecutivo, a reasignar, para el financiamiento para la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica, en particular, los previstos para el MOPC, de USD 25.000.000 US$ (dólares de EEUU de América veinticinco millones), con el compromiso del Congreso Nacional reponer dicho monto, en el presente Ejercicio Fiscal o en el PGN 2021 de manera adicional a los previstos en el mismo
Por parte del Poder Ejecutivo, a ejecutar los USD 25.000.000 (dólares de EEUU de América veinticinco millones) más los USD 5.000.000 (dólares de EEUU de América cinco millones) que ya se encuentran presupuestados en el MAG para fin, totalizando USD 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por el MAG y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutado en el presente año 2020.
Por parte del Poder Ejecutivo a través del MAG, de coordinar con los sectores afectados proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina.
Por parte del Poder Ejecutivo a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, a habilitar créditos para el fomento y desarrollo, de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés.
Por parte del Poder Ejecutivo a través del Banco Central del Paraguay, a emitir una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y a trabajar sobre el reordenamiento deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.
Por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del INDERT y INDI a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso.
Por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del INDERT y INDI a abrir una mesa de trabajo con organizaciones para trabajar el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria
Por parte del Poder Ejecutivo a través del INDERT a efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado e
Por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto social y las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
Por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a conformar, con las organizaciones firmantes, un equipo de seguimiento de este Acuerdo que se reunirá como mínimo cada 15 (quince) días.