Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El Ministerio Público pidió que se eleve la causa a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.
La imputación contra el intendente de Ciudad del Este fue formulada en abril de este año, por parte del equipo fiscal que lleva esta causa, además de otras personas, como el entonces director de administración y finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez.
Se detalla que Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la municipalidad, y con la colaboración de los integrantes de la estructura que manejaba, entre los meses de marzo y junio de 2020, habrían convocado y promovido una millonaria licitación por la vía de excepción, direccionado y amañado para favorecer a una estructura jurídica liderada por Prieto.
Esta licitación se realizó para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales. El perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.