Fiscales, Rodrigo Estigarribia y Susy Riquelme, mientras procedían en la incautación de documentos.
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Allanaron Facultad de Química de la UNA

Rodrigo Estigarribia y Susy Riquelme, fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, encabezaron un allanamiento a la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el marco de la investigación por lesión de confianza, tras la denuncia hecha por Fredy Insaurralde, director general de Relaciones Internacionales del Rectorado. Del lugar lograron incautar varios documentos que serán analizados por los especialistas en la materia.

ASUNCIÓN.- El director general de Relaciones Internacionales del Rectorado, Fredy Insaurralde, había formulado una denuncia formal contra la decana de la Facultad de Química de la UNA, Zully Vera, por lesión de confianza tras publicaciones de una millonaria adjudicación a una empresa inhabilitada.

En ocasión del allanamiento realizado, los agentes fiscales que se hallan al frente de la investigación, procedieron a la incautación de documentos consistentes en dictámenes internos sobre la obras que denunciadas, así como también documentos del proceso licitatorio que no figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Recién después del análisis de estos elementos, la Fiscalía resolverá imputar o no a la actual decana de la Facultad de Química.

En la denuncia presentada, Fredy menciona que la decana adjudicó G. 1.578 millones el 20 de noviembre del 2018 a la empresa Construcciones Rivas SA para la edificación del Bloque F de la facultad, que sería utilizado para laboratorios y aulas. El 2 de enero de este año fue entregada la suma de G. 448.000.000 (30% del total) en carácter de anticipo a la firma, que pertenece a José Rivas Martínez.

La citada adjudicación fue anulada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dos días después de haber sido concretada, y ordenó que se reinicie de cero el proceso licitatorio. Esto debido a que la firma adjudicada estaba inhabilitada para operar en licitaciones públicas, además, había presentado la oferta más alta.

Pero, siempre conforme a la denuncia, el 11 de febrero, haciendo la vista gorda a la advertencia de la DNCP, nuevamente adjudicó a la misma empresa, por un total de G. 1.578 millones. Este hecho motivó la denuncia de Insaurralde, quien solicitó a la Fiscalía, que no solo la decana sea investigada, sino también sean sometidos a investigación, todos los miembros del Comité de Evaluación de la institución, para saber el grado de responsabilidad de los mismos en el hecho.

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