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ASUNCIÓN.- Funcionarios afectados por el cese de sus funciones en Tekoporã y en diferentes otros programas sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, reclamaron ayer explicaciones sobre sus descontrataciones. Genaro Palacios, secretario general del sindicato de la institución, señaló que hasta la fecha hay más de 1.000 trabajadores que ya no podrán seguir en ese Ministerio.
ASUNCIÓN.- Genaro Palacios manifestó que en dos oportunidades habían solicitado al ministro Mario Varela la instalación de una mesa de trabajo, justamente temiendo una situación así. Explicó que el 100 % de los trabajadores de campo que estaban asistiendo a los distintos programas sociales del Ministerio, están hoy fuera de la institución.
El secretario general del sindicato sostuvo que “estas personas no están trabajando, porque en los últimos días del mes de diciembre de 2018 les llegó un mensaje por WhatsApp, ni siquiera por escrito formal, en el que les decían que cesaban de trabajar hasta una nueva orden de la máxima autoridad”.
Siguió diciendo Palacios que no están percibiendo nada “y no van a percibir absolutamente nada, porque están en esa situación”, acotó. Agregó que “lo más importante es que todos los trabajadores entraron por concurso público de oposición y fueron evaluados dos veces por año para el seguimiento en sus funciones”, comentó.
Manifestó, además, que todos los trabajadores afectados son cabeza de hogar y eso crea una crisis social en el campo. “No se les renovó el contrato en forma unilateral. Lo que nosotros estamos viendo es que varios otros trabajadores fueron contratados de forma directa como para reemplazarles a ellos en el campo”, dijo.
Por su parte, el director de Gestión y Desarrollo de Personas del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Brítez, sostuvo que institucionalmente no se llega a esa cantidad de despidos que dicen los funcionarios y que no se puede hablar de estar estancados si estamos en la segunda semana del año.
“En el campo tenemos 980 personas que, de momento, no renovaron contrato. A nivel institucional, no tenemos ningún comunicado de parar programas. Estas personas están con contrato finalizado, no están cesados ni despedidos”, argumentó.
Por otra parte, se destaca la denuncia de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social (ex SAS). Patricia Ruiz Díaz, auditora de gestión, comentó que se tuvieron que hacer verificaciones de la condición económica de las familias para poder descubrir los presuntos cobros indebidos.
