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ASUNCIÓN. El conflicto de los guardiacárceles de todas las penitenciarías del país, que reclaman aumento salarial, contratación de más funcionarios y mejoras laborales, parece haberse trasladado a la Justicia, desde que hace unas semanas, el procurador Sergio Coscia, solicitó un amparo para suspender el inminente inicio de la huelga, que duraría 30 días y que dejaría todos los centros penitenciarios sin protección.

Coscia consiguió la medida cautelar y los funcionarios no tuvieron más remedio que suspender la huelga. Entre tanto, se sucedieron varias reuniones con representantes de Hacienda y Justicia, sin que se pudiera llegar a ningún acuerdo, ya que los guardias insisten en sus reclamos y el gobierno se ratifica en que no puede cumplirlos.

Esa medida de urgencia fue apelada por el sindicato de guardiacárceles y la Cámara de Apelación falló a favor de ellos, revocándola. Pero Coscia no se quedó quieto y volvió a presentar un nuevo amparo ante la misma jueza, Rosarito Montanía, que, nuevamente, la aprobó. Esto, contrariamente a lo que pensaba el gobierno, lo que hizo fue reactivar la amenaza de huelga, mientras preparan una nueva apelación.

Según el abogado Luis Bernis, defensor del sindicato, la situación es grave ya que se está limitando el derecho que tienen los trabajadores de reclamar sus reivindicaciones. Expresó que, con todas estas idas y venidas a nivel judicial, “el daño ya está hecho, no solo para el sector penitenciario sino gremial; siempre digo que cuando se le limita la capacidad de expresar sus reclamos estamos especulando con tener guasones o terrorismo”.

Si bien no hay aún una fecha prevista para el inicio de la huelga, la amenaza sigue tan latente como cuando se inició, a principios de este mes.