ADN Digital
Artículos relacionados
Las trabas ocasionadas por el Senado al tratamiento presupuestario en diciembre del 2016 siguen generando problemas a la ejecución. Las reparticiones de la administración central y otros organismos dependientes del Presupuesto General de la Nación solicitaron ampliaciones y están a punto de superar el tope impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. La irresponsabilidad de la oposición y disidencia colorada siguen destrozando los recursos del Tesoro.
ASUNCIÓN.- La misma presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, senadora Blanca Lila Mignarro, reconoció días atrás que uno de los motivos de esta “tormenta de pedido de ampliaciones presupuestarias” responde también al tratamiento que el Senado le dio hace un año al proyecto y cuyo resultado obligó al Poder Ejecutivo a vetarlo.
El entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, explicó que el proyecto remitido al Congreso contenía los números justos para cada repartición dentro de un Presupuesto austero.
Aquel tratamiento irresponsable de unos cuantos que entonces ejercían una mayoría en el Senado hoy arroja sus resultados negativos contra el Tesoro. Mignarro admite que “el Presupuesto General de la Nación 2017 (rige el mismo del 2016) ya superó el límite al no respetarse el tope de déficit fiscal”. Al ponerse en vigencia el PGN 2016 en enero de este año ya los analistas asumían que esto iba a ocurrir.
Datos de la bicameral destacan que “hasta el momento se aprobaron G. 2.173 millones (US$ 388 millones)” y la senadora Mignarro agregó que “estamos superando el tope que tuvimos, pero se pidió todo lo que aprobamos para este año, pero ahora aumentaron”.
La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) establece un tope en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB); y según la congresista “hicimos un buen trabajo en la Bicameral del 2016, hicimos una reingeniería hasta el tope que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal”, pero olvidó mencionar que sus colegas Desirée Masi y Mario Abdo Benítez y sus acólitos se encargaron de destrozar esa “reingeniería financiera” aumentando salarios de privilegio a médicos, docentes y funcionarios de ANDE en porcentajes imposibles de cubrir y sin fuente de donde obtenerlos.
Reconoce que las ampliaciones planteadas por las distintas reparticiones impactarán al límite presupuestario impuesto por la LRF “y saca completamente del límite el PGN 2018 y esto va a impactar, por lejos pasamos el tope”. La bicameral analiza en este tiempo el proyecto presupuestario para el ejercicio 2018.
APROBACIONES
En sesión extraordinaria de la víspera, el Senado aprobó: G. 3.273.000.000 para el Ministerio de Justicia; G. 12.880.624.976 para la Secretaría Nacional de Turismo y G. 50.000.000.000 para la Secretaría de Acción Social.
FRENAN AUMENTO DE SALARIOS, CONTRA INTENTOS DE MASI
A diferencia del intento de la oposición en complicidad con la disidencia colorada de inflar el Presupuesto General de la Nación con un criterio electoralista y extender una trampa al Poder Ejecutivo, esta última instancia logró contener el crecimiento del gasto en salarios.
Los índices comparativos destacan que entre el 2009 al 2013 era de 100%, reduciéndose al 25% en el último periodo, entre el 2014-2018. También es mucho menor al 77% de aumento de la carga salarial registrada durante el periodo 2004/2007.
Destaca el Ministerio de Hacienda que la implementación de medidas como la no contratación de más personal y evitando aumentos salariales entre otras se llegó al objetivo. En contrapartida, solo en diciembre de 2016 el grupo dirigido por la senadora Desirée Masi, secundado por su colega Mario Abdo Benítez intentaron destrozar el presupuesto con aumentos exorbitantes para los médicos, funcionarios de ANDE y docentes; frustrados posteriormente por el veto del presidente Horacio Cartes.
Si prosperaba el plan se debían recortar los programas sociales destinados a sectores vulnerables para obtener recursos debido a que los senadores no individualizaron la fuente para tales incrementos salariales.
Un informe del Ministerio de Hacienda explica que “la desaceleración salarial responde al continuo esfuerzo de la política fiscal por contener la expansión de los gastos corrientes, de manera que sea mayor la disponibilidad de fondos para el financiamiento de las inversiones públicas en infraestructuras económicas y sociales”.
Lea Giménez, titular de esta secretaría de Estado, agregó que “esto es para mejorar la calidad del gasto público y para que el dinero de los contribuyentes sea mejor utilizado”.
El cálculo comparativo de Hacienda arrojó como resultado también que “se ha venido cerrando la brecha entre el aumento de la remuneración del sector privado, representada por el salario mínimo legal, y los salarios en la administración pública”.
En cuanto al aumento registrado en el sector público se debe a la carga salarial para el personal de las Fuerzas Públicas, docentes y administrativos, cuyas remuneraciones están indexadas al salario mínimo.
