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El abogado José Ignacio González Macchi, representante legal del empresario tabacalero, José Ortiz, manifestó que están evaluando denunciar ante el Ministerio Público al político liberal y candidato a la presidencia de la República por la Alianza Ganar, Efraín Alegre, por denuncia falsa. Según el letrado la propia Fiscalía ya solicitó el sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Paredes Palma del caso del ataque a la sede del directorio del PLRA, con lo que se desvirtúa la afirmación del político liberal que el tabacalero supuestamente se comunicó con el uniformado previo al hecho. La expectativa de pena es de un año de cárcel o el pago de 5 a 6 mil millones de guaraníes.
ASUNCIÓN.- El abogado González Macchi explicó que están analizando la posibilidad de presentar una nueva acción penal sobre la base de una denuncia falsa de Efraín, considerando como un hecho nuevo el sobreseimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público a favor del comisario Paredes Palma.
Según el abogado del presidente de Tabacalera del Este S.A. (TABESA), en el requerimiento fiscal, que aun falta concretar en una audiencia preliminar ante un juez Penal de Garantías, se deja constancia de la inexistencia de pruebas conducentes y valederas respecto al involucramiento del uniformado en alguna orden de atacar o de ingresar a matar en la sede del PLRA.
El abogado apuntó que es una posición del Ministerio Público que tomaríamos como base, eventualmente, para plantear una denuncia contra Efraín Alegre. Refirió que la Fiscalía demostró que no existió ningún cruce de llamada entre José Ortiz y Paredes Palma, tal como confirmó el titular del PLRA y candidato a la presidencia de la Alianza Ganar.
En su denuncia pública, Efraín Alegre había asegurado que el atraco a la sede partidaria que ocurrió en la madrugada 1 de abril, que derivó en la muerte de Rodrigo Quintana, fue ordenada por José Ortiz, a través del comisario Tomás Paredes Palma, recientemente sobreseído. “La orden de atropellar el Directorio provino de José Ortiz, quien tiene el control del Ministerio del Interior y toma las decisiones operativas”, había señalado el político.
Por otra parte, la querella por calumnia, fue presentada y aceptada por el juez Arnaldo Fleitas. Según los datos, ante una causa por difamación, calumnia e injuria, la expectativa es de un año de cárcel. Tras los alegatos en juicio oral podría imponerse el pago de 5.000 o 6.000 millones de guaraníes. Si el culpable no tiene para las compensaciones establecidas por el juzgado (Alegre) puede ir preso.
