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El relator de la Comisión Especial del impeachment, Antonio Anastasia (PSDB-MG), concluyó en su informe que la denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff -separada del cargo- es procedente y debe ser llevada juicio por la Cámara de Senadores. El informe será debatido este miércoles e irá a votación mañana. La Fiscalía ha dicho que hay indicios de conductas como “falta de probidad” en el manejo del dinero público, lo cual configura causa de destitución.
BRASILIA.- El juicio político a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, entra desde este martes en su fase final, con la retomada de las audiencias en la comisión del Senado a cargo del proceso.
El primer paso del reinicio del trámite, que eleva la temperatura política del país y le puede costar el cargo a Rousseff, fue dado este martes, cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presentó a la comisión un informe en que recomienda que la causa avance hacia la destitución.
El informe que Anastasia entregó a esa comisión de 21 senadores será debatido el próximo miércoles y votado al día siguiente, según el cronograma de trabajo ya acordado con la Corte Suprema, que es corresponsable del juicio contra Rousseff.
El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.
Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, que desde el 12 de mayo pasado ejerce interinamente su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.
Esa última sesión, que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.
Anastasia elaboró su informe tras la conclusión de la fase de instrucción, en la que fueron escuchados 39 testigos presentados por la defensa y apenas cuatro propuestos por la parte acusadora.
Rousseff ha sido acusada de irregularidades con los presupuestos, de contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir una serie de decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Además de lo escuchado de los testigos, el informe del instructor también se apoya en documentos preparados por la Fiscalía y por un grupo de técnicos del Senado, expertos en asuntos presupuestarios.
La Fiscalía ha dicho que los cargos formulados contra Rousseff no configuran delitos penales, pero que sí hay indicios de conductas como “falta de probidad” en el manejo del dinero público, lo cual la Constitución contempla como una posible causa de destitución.
La defensa de Rousseff, a cargo del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, alega su plena inocencia y sostiene que los hechos que justifican la acusación son sólo meras “faltas administrativas” en las que, además, han incurrido otros gobernantes.
