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El paquete de proyectos de ley contra el crimen organizado, que fuera presentado por el Ejecutivo, apenas cubre el 10% de lo que realmente se necesita para combatir este flagelo, según reconoció la misma ministra de la Seprelad, María Epifanía González. La intención de esta presentación es que nuestro país no sea incluido en la lista gris de los países que no combaten al narcotráfico.
ASUNCIÓN.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), realizará dentro de 2 años un examen a todos los países para saber cuáles son los que realmente tienen leyes adecuadas para combatir al crimen organizado, y fue lo que hizo que el gobierno, junto con algunos legisladores, decidiera, a las apuradas, armar un paquete de leyes mínimo para “salvar” el examen.
Así que no sabemos muy bien si los 12 proyectos presentados, que, en general, son modificaciones de leyes vigentes para el combate al narcotráfico y el lavado de dinero sean las más necesarias, pero parecen ser las más elementales a fin de evitar la sanción internacional. Es obvio que el gobierno no quiere que se identifique al país como protector de narcos y demás mafiosos.
Según González, los proyectos tienen que ver directamente con el sistema de prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Todas las instituciones del Estado estarán involucradas, con la coordinación de la Seprelad.
Añadió que en el 2016 se realizó un diagnóstico sobre la situación del país en relación al combate al crimen organizado y que el resultado fue negativo, más que nada en cuanto al cumplimiento de los niveles de efectividad, esto es, que la lucha emprendida por los organismos de seguridad se convierta en un efectivo castigo para los criminales. Claro que esto se debería no solo a la falta de leyes adecuadas, sino también a la actuación de los responsables de aplicarlas.
La ministra recordó que, en el supuesto caso de que nuestro país vuelva a integrar la lista de los países que no cooperan con el combate internacional al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, habría consecuencias nefastas para la economía nacional.
Representantes de los 3 poderes del Estado participaron en la elaboración del paquete, motivado exclusivamente por el examen que se realizará en el 2020. Habrá que ver si, superada esa dificultad, se mantiene la intención de completar todo el espectro legal que haga que el combate al crimen organizado sea exitoso.
