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El proyecto de la aplicación de la ley que establece hacer un examen a los futuros asegurados al Instituto de Previsión Social (IPS) está creando una “bola de fuego”. Mientras los sindicalistas aseguran que es discriminatoria y atenta contra los derechos constitucionales, los industriales dicen que es una ley que tiene alrededor de 20 años, nunca se aplicó y no hay porqué hacerlo ahora, eso significa que la normativa tiene algún problema.
ASUNCIÓN.- El Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó un reglamento en el que exige a las empresas empleadoras a realizar un estudio médico a sus trabajadores antes de asegurarlos. Esta medida entrará a regir desde el próximo 1 de junio.
La normativa establece que el empleador tiene tres meses para cumplir con este requisito y en ese tiempo el IPS en base al examen médico preadmisional recibido podrá decidir llamar al trabajador para hacerle una junta médica laboral, a fin de determinar las aptitudes de esa persona para ese trabajo.
Según el titular del IPS, Benigno López, aclaró que no se pretende negar el acceso a los servicios de salud a los trabajadores que padezcan alguna enfermedad, solo eliminar los “contratos de favor”, que según los cálculos en los últimos 5 años derogaron US$ 30 millones. Afirmó que por ley no pueden dejar a nadie sin cobertura médica, sin embargo aclaró que con el nuevo requisito se busca prever los servicios de salud, de acuerdo a las enfermedades que sean reportadas por los nuevos ingresantes.
Para el presidente de la Confederación de la clase trabajadora (CCT), Julio López esta medida representa un hecho de discriminación, además atenta contra los derechos constitucionales, teniendo en cuenta que se debe garantizar el derecho al trabajo e igualdad de oportunidades.
López destacó que el argumento expuesto es absolutamente improcedente y falso, no hace falta apelar a una medida que afecte el derecho de los trabajadores, si quieren verificar las irregularidades de las inscripciones de los trabajadores, deben investigar la situación de las empresas y su relación con los obreros.
Por su parte, el Ing. Eduardo Filippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), calificó el proyecto como una locura más que tiene como objetivo molestar a los trabajadores y empleadores. “Es una ley que tiene muchos años, alrededor de 20 años, nunca se aplicó y no hay porque hacerlo ahora, eso significa que la normativa tiene algún problema”, dijo.
Filippo, explicó que recibieron llamadas de los centrales sindicales, “pidiendo nuestro parecer y que les apoyemos también. Evidentemente va a ver una rebelión de las centrales sindicales y los empleadores, el IPS va a tener que cambiar su punto de vista”, sentenció Filippo.
Recomendó a la opinión pública que no se preocupe de esta normativa porque no va a funcionar. “De una u otra manera vamos a conseguir que esto se quede otra vez como estaba, porque vemos que no tiene sentido”, aseguró el titular de la UIP.
