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ASUNCIÓN.- El pleno de la Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 5762/2016, que modifica el artículo 9° de la Ley N° 2856/06, que sustituye las Leyes N° 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, modificado por la Ley N° 4773/12”.
La modificación del referido artículo 1º pretende suspender la transferencia de recursos del Presupuesto General de la Nación a la mencionada Caja, atendiendo que la situación financiera actual de la misma presenta una importante recuperación.
“En los últimos años (la Caja) ha presentado un importante proceso de restauración de la salud financiera, así como un sostenido crecimiento del activo y patrimonio neto, con un superávit en el flujo operativo desde el año 2009; continuar con dichas transferencias carece de justificación”, dice parte de la exposición de motivos.
Recordemos que estas transferencias de los recursos del Tesoro Nacional son aplicadas, hasta el momento, a la devolución proporcional de aportes a los afiliados o a sus herederos legalmente reconocidos. Dichos aportes extraordinarios han sido realizados por los afiliados activos, jubilados y pensionados desde el año 2002, como consecuencia del deterioro de las condiciones financieras de la institución con el objetivo de restaurar la salud financiera de la entidad.
La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), dijo que conforme a los datos expuestos se infiere que la Caja Bancaria se encuentra en una condición financiera estable y posee la capacidad de realizar la devolución gradual de aportes extraordinarios con fondos propios, sin un impacto significativo en la sustentabilidad financiera de la Caja.
En tanto, el diputado Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, señaló que la devolución de los aportes se daría en los próximos tres ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022), conforme a la expectativa que tiene la Caja Bancaria.
“Se dará prioridad a los beneficiarios de la siguiente manera, a los jubilados y pensionados que hayan cumplido 75 años y más; a los afiliados activos, jubilados y pensionados que tengan menos de 75 años de edad; a los herederos, legalmente reconocidos, de los jubilados y pensionados fallecidos.
El documento se remite al Poder Ejecutivo para su consideración.
