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Como estaba cantado, el asesor de Transparencia del Poder Ejecutivo, Carlos Arregui, blanqueó a la actual presidente de Petropar, Patricia Samudio. Ayer entregó al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, el informe de la auditoría realizada a la petrolera estatal, en el que omite los fatos de la administración actual y carga las culpas al pasado. Habla de un supuesto perjuicio patrimonial de más de 30.000 millones de la gestión anterior. Pero al ser consultado sobre la transferencia de fondos del BNF a un banco privado, y en infracción de un decreto presidencial, ordenada por Samudio. Arregui dijo que no se encontraron documentos que sustenten la denuncia.
ASUNCIÓN.- Carlos Arregui entregó ayer miércoles el informe completo al presidente Mario Abdo, quien dio instrucciones de que se envíe a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para la formulación de las denuncias penales pertinentes.
En declaraciones ante la prensa, Arregui señaló que el principal perjuicio patrimonial se encuentra en la concesión de las estaciones de servicio con emblema Petropar, tirando todo el fardo hacia la administración anterior.
Detalló que la auditoría fue realizada con un muestreo de 32 de las 150 que cuenta Petropar como operadoras. Por lo que añadió que esta cifra inicial de 30.000 millones de guaraníes puede aumentar, de investigarse a más empresas.
La auditoría fue realizada a la gestión de los años 2016 hasta octubre de 2018. Al ser consultado sobre la gestión de la actual titular, Patricia Samudio, señaló que hasta el mes de octubre “no se encontraron hechos que sean penalmente relevantes”.
Tal como lo había adelantado Luis Villamayor, ahora exasesor de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines del Emblema Petropar (Aope), Arregui no pateó contra su olla. El abogado había dicho que era imposible que el asesor de Transparencia presente un informe en contra de alguien (Samudio) que fue nombrada por la misma persona que lo nombró a él, o sea, Mario Abdo Benítez. Más todavía si la titular de Petropar es protegida de la pareja presidencial.
Ayer, al conocerse el informe, Villamayor dijo que es poco creíble que la auditoría a Petropar haya omitido las irregularidades en la administración de Patricia Samudio, que incluso fueron denunciadas formalmente por el representante de las operadora que trabajan con la petrolera estatal.
Villamayor señaló que la denuncia contra la actual presidenta del ente está basada en datos concretos y acabados que confirman el mal desempeño de funcione. Sin embargo, la auditoría se limitó a recomendar mejores prácticas y reforzar los controles.
Según había revelado una investigación realizada por el diario La Nación, la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, desoyendo lo que establece un decreto presidencial que obliga a las instituciones del Estado a depositar sus recursos en el BNF, decidió en forma unilateral transferir millonarios recursos en dólares a bancos privados. Casualmente, uno de estos es el GNB PGY, que recibió transferencias por cerca de US$ 20 millones en concepto de depósito por parte de la petrolera estatal, esta entidad también opera con la empresa Triqueta SA, propiedad de José Costa Perdomo, esposo de Samudio, y al que la firma debe unos G. 2 mil millones.
El citado medio incluso publicó los documentos que comprueban la irregularidad, pero Arregui “no encontró” las evidencias.
