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La decisión del sector colorado oficialista del Senado de dejar sin quórum las sesiones, que tenían como objetivo continuar el juicio político al ministro de la Corte Sindulfo Blanco, ha sido propicia y adecuada, ya que de no hacerlo el proceso iba a terminar en impunidad para un personaje que tiene demasiadas denuncias en contra.
Cada vez resulta más evidente que hay una abrumadora mayoría de personas que llegan a un alto cargo y lo utilizan para su beneficio personal; sin importar a qué partido político pertenezcan. La venalidad pareciera una característica común de esta gente que viene perjudicando a la ciudadanía desde hace demasiado tiempo.
Blanco no es el único ministro con oscuras sospechas en contra suya. Tampoco su remoción hará que cambie la administración de Justicia en el país. Pero sería un primer paso fundamental para enviar señales claras a los otros de que hay un Parlamento dispuesto a dar respuestas positivas y concretas a una sociedad que permanece atenta y contralora de sus actos.
Pero nada de esto hubiera pasado en este circo montado con nombre de juicio político, orquestado por el mismo presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, al solo efecto de ir en contra de los deseos del presidente de la República, Horacio Cartes. Porque de eso se trata todo esto, es inútil que intentemos buscar otras excusas. El único motivo por el cual la disidencia colorada y algunas bancadas minoritarias de la cámara no quieren votar a favor de la condena de Blanco es porque Cartes quiere que sea condenado.
Poco les importa el hecho de que las denuncias en contra suya son abrumadoras y las pruebas contundentes. Tampoco les mueve el pelo la seguridad de que con su decisión permitirán que siga gozando de los privilegios que corresponden a un ministro de la Corte Suprema de Justicia un sujeto que más bien debiera estar en la cárcel, pero tras las rejas y no de visita, como suele ir.
Por eso el juicio político en el Senado desde el comienzo no fue más que un circo. Porque estos sectores que actúan por capricho y no por una decisión racional y conveniente para la ciudadanía, sabían que no habría votos suficientes para condenar al acusado, quien habría quedado libre de culpa y pena, sin importar que eso fuera una bofetada para todos nosotros.
Contra 18 inescrupulosos, hay 27 senadores dispuestos a condenar al ministro Blanco y, posiblemente, hacer lo mismo con los otros 2 acusados, Óscar Bajac y César Garay. Aunque parezca injusto que una minoría tan notoria sea la que imponga su criterio, la Constitución así lo dispone al exigir la mayoría absoluta de 2 tercios de votos para condenar y separar del cargo a un enjuiciado.
Para lograr este objetivo faltan 3 votos y la bancada colorada oficialista hizo lo único que se podía hacer en este momento para frenar el descontrol de un juicio político que no tenía ninguna razón de ser tal como estaban las cosas. Evitar que el proceso pudiera continuar al dejar sin quórum a las sesiones convocadas para el efecto.
La idea es aguardar los resultados de las elecciones internas liberales para negociar con la nueva cúpula del PLRA. El objetivo es conseguir los 3 votos faltantes para terminar por fin con tanto circo y sacar del escenario a un personaje que no tiene ningún derecho a seguir estando donde está. Fue, sin lugar a dudas, una astuta y bien pensada decisión.