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La decisión de la mayoría circunstancial del Senado de blindar la Ley de Presupuesto General de la Nación, impidiendo que el Poder Ejecutivo pudiera vetar lo aprobado por el Congreso, no es solamente inconstitucional sino que tiene ribetes de irracionalidad inexplicable en un poder del Estado que presume de ser el guardián de la institucionalidad de la República.
En lugar de tomar la decisión de hacer un estudio serio y consecuente del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, aprobado por la Bicameral y por la Comisión de Hacienda de Diputados, lo que pretenden disidentes y opositores de la Cámara Alta es evitar que ocurra lo del año pasado, sacando al presidente Horacio Cartes la atribución constitucional de objetar total o parcialmente un proyecto sancionado por las cámaras del Congreso.
En un intento de justificar lo injustificable, voceros del grupete como Adolfo Ferreiro, aseguran que con la decisión adoptada al dar media sanción al proyecto que prohíbe que el Ejecutivo vete la Ley de Presupuesto, no se le quitó nada a Cartes, “porque nunca tuvo la potestad de vetarlo”.
Su fundamentación es que la misma Constitución habla del tratamiento del proyecto de PGN en un párrafo aparte y que allí, si bien se establecen plazos perentorios para el tratamiento del tema en ambas cámaras, no se menciona que el Ejecutivo pudiera vetarlo.
Lo que evita mencionar Ferreiro es que el artículo constitucional que menciona –el 216- habla del PGN como un “proyecto de Ley”, por lo tanto no puede tener un tratamiento diferente al de otros proyectos de Ley, salvo los plazos perentorios, puesto que éstos son los que obligan a que la norma esté vigente antes de fin de año, a fin de que pueda entrar a regir en el siguiente período.
Y los proyectos de Ley pueden ser motivo de objeción parcial o total por el Ejecutivo, tal como lo establecen los artículos 208 y 209 de la Constitución. Así que evitar que la Ley de Presupuesto pueda ser objetada, cuestionada o vetada por el gobierno es un asalto a mano armada a la institucionalidad y la constitucionalidad del país.
A nadie le resulta desconocido que toda esta parafernalia no es más que un nuevo intento de este grupete, de perjudicar al presidente Cartes, a quien –cada uno por un motivo personal- sus miembros han declarado enemigo público número 1. Lo cierto es que desde hace 3 años han declarado la guerra al gobierno y no parecen dispuestos a enterrar el hacha hasta que termine este período.
Así que ahora llegaron al extremo de legislar en contra de lo que dispone la Constitución, algo que ni ellos se habían atrevido a hacer antes.
Además de pretender la ruptura de la institucionalidad, estos personajes buscan violar el espíritu mismo de la Ley de Presupuesto, que siempre ha sido producto de un pacto entre ambos poderes del Estado. Con este proyecto, disidentes y opositores pretenden tener la exclusividad de la elaboración de la ley, puesto que, si bien el proyecto es redactado originalmente por el Ejecutivo, diputados y senadores pueden modificarlo a su antojo y hasta rechazarlo si cuentan con mayoría absoluta de votos. Y esto sí que sería de terror para la ciudadanía, puesto que estaríamos totalmente en manos de quienes han demostrado a cabalidad que llegaron al Congreso solamente para obtener beneficios personales y concretar algunas venganzas privadas.