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La actitud de bancadas de la oposición del Senado que evitarán que haya quórum para que la cámara inicie el juicio político al contralor Enrique García, porque sus integrantes quieren evitar a toda costa que quede al frente de la Contraloría un colorado, no resiste ningún análisis lógico y constituye un atropello a la razón y a cualquier lógica que se pretendiera esgrimir.
Si a todo esto sumamos que García fue acusado por varios delitos por la Cámara de Diputados, mientras que el subcontralor, Camilo Benítez, tiene un desempeño impecable y ningún cuestionamiento, pero es colorado, la irracionalidad llega a un punto intolerable. El argumento que esgrimen para esta barbaridad es que el responsable del órgano contralor de los actos del Estado no puede ser del mismo signo político del presidente de la República, cuando que, en realidad, lo que tendría que primar debería ser la ética, la honestidad y la idoneidad para estar al frente de la institución.
La mayoría coyuntural del Senado está llegando a un punto de intolerancia muy peligrosa. Conviene recordar que la cámara acaba de salvar a Enrique Bacchetta, permitiéndole permanecer como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a pesar de haber presionado abierta y públicamente a jueces y fiscales del caso Ulises Quintana.
Y cuando decidieron protegerlo, el argumento fue que, si lo sacaban, iba a asumir un cartista y ellos no estaban dispuestos a permitirlo. En ambos casos se nota un desprecio absoluto hacia la persona y su libertad para elegir sus opciones políticas, y una decisión de criminalizar toda tendencia que no responda a los intereses de ellos y sus grupos.
Ambas actitudes podrían considerarse hasta anticonstitucionales, puesto que nuestra Carta Magna garantiza esa libertad que tienen los individuos de optar por un partido o por otro, sin que nadie pudiera evitarlo. Perseguir a alguien, pretender que renuncie o sea destituido por su preferencia política es grosero y casi delictivo, y alguien tendría que tomar cartas en el asunto.
A no ser que la verdadera intención no tuviera nada que ver con la afiliación colorada del subcontralor y lo que realmente se pretenda es que García, nombrado a propuesta de Avancemos País, siga en el cargo, porque pertenece al sector de la mayoría del Senado o porque su presencia al frente de la CGR es garantía de negocios que resultan convenientes a sus respectivos equipos.
A lo mejor estos senadores no están buscando ser institucionalistas, sino actuando como cómplices, porque prefieren seguir dejando al zorro al cuidado de las gallinas ya que eso les conviene y les trae beneficios.
Sea como sea, es, de nuevo, algo terrible lo que el Parlamento le hace a este país, como si ya no hubiéramos soportado suficientes golpes y abusos de una clase política despreciable, egoísta y sinvergüenza.
No hay modo de que esto tenga justificación lógica. Es una vergüenza lo que están pretendiendo realizar y si evitan que García sea destituido vía juicio político, se habrán convertido en cómplice de todo lo que realizó y lo que piensa realizar al frente de la institución más importante en materia de control del gasto público.