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Uno no termina de sorprenderse con las jugarretas de los legisladores, que siempre encuentran algo más para sacar de la galera y aprovecharse de sus cargos. En julio, lo primero que hicieron los nuevos senadores y diputados fue derogar la ley llamada de autoblindaje, y el presidente promulgó inmediatamente dicha derogación. El argumento, entonces, es que la ley era inconstitucional y que, de ninguna manera, el nuevo Congreso tenía intención de blindar a sus miembros, ni a que se pudieran escudar en sus fueros y bancas.
Pero la emoción de tanto patriotismo nos duró bien poco ya que desde septiembre, cuando se intentó juzgar en la Cámara de Diputados al liberal Carlos Portillo, quedó en evidencia que todo había sido un show y que en el pleno seguía imperando la misma mentalidad que, en el período anterior, había sancionado la Ley de autoblindaje.
No olvidemos que fue justamente Portillo, experto en negociar sentencias y en decir estupideces, quien afirmó que la ciudadanía paraguaya se dividía entre los legisladores y los “comunes”, o sea, todo el resto. Y este personaje habla por boca de ganso, es decir, expresa de manera pública lo que sus colegas piensan y, posiblemente, le soplan al oído para que sea él quien se exponga ante la opinión pública.
El proyecto aprobado –a medias- ayer en la Cámara de Diputados es una bofetada a la indignación, a los escraches y al reclamo de honestidad que tanto se hizo sentir durante los últimos meses. No solamente se estableció que la pérdida de investidura se haga por ley y no por reglamento interno, lo que implica un trámite largo porque deberá contar con el estudio y aprobación de ambas cámaras, sino que se decidió dar al Tribunal Superior de Justicia Electoral la competencia para juzgar a los legisladores y decidir su inocencia o expulsión del Congreso.
Y todo esto a sabiendas de que el reglamento interno de la cámara contempla la posibilidad de que el pleno expulse a uno de sus miembros por inconducta, por lo que, en realidad, nunca se necesitó otro tipo de reglamentación, porque existe una norma que está plenamente vigente, lo que desmiente de manera clara las excusas dadas por Miguel Cuevas, de que no se podía juzgar a Portillo porque no había reglamentación.
Decimos que el proyecto fue aprobado a medias porque ni siquiera se le dio la media sanción, ya que varios tenían otras actividades y se decidió postergar el tratamiento en particular de, aproximadamente 5 artículos. Esto significa que ahora se deberá aguardar una convocatoria a sesión extra, que podría realizarse el lunes, y recién allí se tendría la aprobación de la cámara para que pudiera ser remitido el proyecto al Senado, a fin de que tenga entrada en su sesión del jueves de la semana próxima.
Vaya a saber cuál será el espíritu de los senadores. A lo mejor también quieren formar una comisión especial, se pasen 4 semanas después de recibir el dictamen, etc. Lo que queda claro es que terminará el 2018 sin que haya una ley que reglamente la pérdida de investidura. Y, cuando la hubiera por fin, un proceso tardará tanto tiempo que un legislador acusado por sus pares, podría terminar su mandato sin que haya una sentencia del TSJE, puesto que primero tiene que entender un fiscal electoral (previa denuncia de la cámara, por mayoría absoluta de votos), luego un tribunal electoral de primera instancia, y recién después llegará el caso hasta el TSJE.
No, claro que con esta ley los legisladores no estarán autoblindados. Serán intocables, para vergüenza de todos.