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ASUNCIÓN.- La Comisión Bicameral de Presupuesto solicitó auxilio al Ministerio de Hacienda para intentar frenar los efectos que esta misma instancia parlamentaria generó en diciembre 2016 malogrando el Presupuesto General de la Nación 2017.
Blanca Lila Mignarro, presidente de la Bicameral propuso a Lea Giménez, ministra de Hacienda que busque un mecanismo que filtre los pedidos de ampliaciones. “Si no vienen del Ejecutivo las ampliaciones son difíciles de considerar, porque si no vienen del poder administrador y no se define el financiamiento para estas ampliaciones, el Legislativo no puede hacerse cargo”, explicó Mignarro, sin asumir que esta situación fue generada por sus colegas de la oposición en complicidad de la divergencia colorada.
Durante el estudio del Presupuesto General de la Nación 2017, en diciembre pasado, la oposición y la disidencia colorada lo malograron con aumentos exorbitantes de salarios con criterio populista y sin fuente de financiación, además de otras determinaciones que obligaron al Poder Ejecutivo a vetarlo totalmente y poner en vigencia el PGN 2016, hecho que obliga hoy a distintas reparticiones del Estado a gestionar ampliaciones.
Humberto Colmán, viceministro de Economía, dijo que siempre estará vigente la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo ante un PGN con problemas de financiación. Destacó que “siempre en materia presupuestaria existe esta posibilidad”.
Insistió a parlamentaria que “pedidos de aumento sobre el proyecto de Presupuesto 2018 difícilmente corran sin el visto bueno de Hacienda”.
Se hizo eco de las mismas explicaciones del Ministerio de Hacienda emitidas por Lea Giménez en ocasión de la remisión de la Ley al Congreso. “No es porque no se le quiera dar a las instituciones. El problema es, ¿De dónde vamos a sacar los recursos?”, dijo Mignarro e insistió en la pretensión “que sea Hacienda el que filtre estos pedidos de aumento” y agregó que “si los requerimientos de más recursos no vienen desde el Tesoro y no cuentan con su aprobación técnica, difícilmente puedan correr en el Parlamento”.
La ministra Lea Giménez ya advirtió en reiteradas ocasiones que no se cuentan con los recursos necesarios para financiar los pedidos de adenda.
Los pedidos de ampliaciones presupuestarias que deberán ser cargados al PGN 2018, suman US$ 181,7 millones y las reparticiones que mayor cantidad de recursos son la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público.
