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Ya no con la frecuencia de antes, pero de vez en cuando el añoso Juan Carlos Galaverna lanza algún chiste para recordarnos que sigue viviendo y haciendo de las suyas, aunque con mucho menos poder que antes, no por haber perdido las mañas sino porque la edad se le vino encima como a cualquier hijo de vecino.
Como la prensa llevaba tiempo sin ocuparse de él, que hasta tuvo que recurrir a filmar videos más lamentables que pornográficos, el jueves pasado decidió armar un nuevo circo para llamar la atención, y decidió renunciar a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, supuestamente porque fue electo presidente su correligionario Juan Darío Monges, a quien acusó de ser el artífice de alguna violación a la Carta Magna que parece ser que ocurrió en las últimas semanas.
En primer lugar, no podemos menos que felicitar a Calé por su decisión, porque así se ponen las cosas en el lugar que corresponden. Resulta que es muy ridículo que quien reconoció públicamente haber violado la Constitución integre una comisión cuyo objetivo principal es protegerla. Por lo tanto, Galaverna jamás debió haber integrado esta comisión puesto que hace unos años confesó en una entrevista, que impulsó y concretó una violación constitucional cuando falseó los resultados de las internas coloradas de 1997, cuando dio el triunfo a Juan Carlos Wasmosy siendo que el ganador había sido Luis María Argaña.
Así que se podría decir que Calé es el “papá” de los violadores constitucionales, el maestro, el gurú. Y, por lo visto, no quiere competencia. De lo contrario no se explica tan rotunda indignación en contra de Monges, a quien acusa de acciones que no le llegan ni a las rodillas a las que él mismo protagonizó cuando todavía era considerado una especie de monje negro de la política nacional.
En realidad, más que gurú, Galaverna es un soberano oportunista, atento intérprete de los vientos, viejo zorro que sabe perfectamente que tecla tocar para despertar el interés de los periodistas que, en su mayoría, son presa fácil para él. Lo mismo ocurre con sus colegas del Senado, muchos de los cuales ya fueron víctimas de alguna trampa urdida por el calesitero.
Fue acérrimo enemigo de Fernando Lugo, a quien tiroteó durante todo el tiempo que el exobispo estuvo en la Presidencia de la República, y formó parte del grupo selecto que llevó a cabo el juicio político que lo destituyó del cargo. Pero pocos años después, no tuvo ningún problema en trabajar bajo su Presidencia en Asuntos Constitucionales a pesar de saber muy bien que el actual senador por el Frente Guasu no sabe un pito de derecho constitucional.
De todo lo expuesto, lo más contundente, de acuerdo a nuestra percepción, es que Calé, en su condición de violador confeso de la Constitución Nacional, no puede estar en un grupo cuya función principal es velar por la obediencia a la misma. Hasta en un país en donde las incoherencias y contrasentidos son los que guían los actos públicos, esta situación constituye un absurdo difícil de justificar.
Así que bien por Calé, quien, por una vez en su vida, hizo lo que debía hacer, alejarse de una comisión en la que lo único que puede hacer es perjudicar y torcer el objetivo de la misma.