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Bolsonaro suma una nueva petición de ‘impeachment’ por sospechas de corrupción

BRASILIA. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entró en una tormenta de denuncias de corrupción en uno de los momentos de más baja popularidad por su estrategia contra la pandemia. La trama incluye sospechas de sobornos en la compra de vacunas contra la covid-19, en una maniobra que salpica a diputados de la base del Gobierno.

Las acusaciones partieron de una Comisión Parlamentaria en el Senado (CPI) brasileño, que desde hace dos meses investiga las responsabilidades del presidente y la gestión errática de la pandemia, que ya dejó a más de medio millón de muertos. La crisis se disparó especialmente este viernes, cuando un diputado de su base parlamentaria, Luis Miranda, y su hermano Luís Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, denunciaron a Bolsonaro ante la CPI. Los hermanos dijeron que hubo presiones para la compra de la vacuna Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, a pesar de que los contratos presentaban errores que podrían resultar en pérdidas de millones de dólares para el Ministerio. La importación estaba a cargo de la empresa Precisa Medicamentos, que ya es sospechosa de corrupción en otros episodios de compras oficiales de medicamentos.

Luís Ricardo Miranda es jefe de importación en el Ministerio de Salud y responsable de fiscalizar contratos. La insistencia de sus jefes en que liberara el contrato con Covaxin contó con llamadas de madrugada y durante los fines de semana. Miranda, sin embargo, sintió que algo iba mal, especialmente después del episodio de compra de la vacuna de Pfizer. El Gobierno dejó esperando meses a los ejecutivos del laboratorio estadounidense, que habían ofrecido vender su vacuna a precios competitivos a Brasil para que sea una “vitrina” de inmunización para el mundo. Más de 50 correos electrónicos enviados por Pfizer al Ministerio quedaron sin respuesta, según contó en mayo pasado Carlos Murillo, responsable de Pfizer en América Latina, en la CPI. El primer email fue en agosto del año pasado y el contrato con el Gobierno solo fue cerrado en marzo de este año.

Las sospechas sobre el presidente crecieron luego de que los hermanos Miranda contasen que estuvieron con Bolsonaro el 20 de marzo para relatarle que había un intento de desviar dinero en la compra de Covaxin. Bolsonaro les aseguró que investigaría el caso y les dijo que sabía que aquello era cosa de un diputado de su base, Ricardo Barros, del Partido Progresista, que fue ministro de Salud durante la presidencia de Michel Temer (2016-2018). El diputado Barros está bajo investigación por beneficiar a otra empresa, Global Gestão, socia justamente de Precisa Medicamentos, involucrada en las negociaciones por la vacuna Covaxin.

Desde la semana pasada, Brasil acompaña como a una telenovela la difusión de las denuncias contra el presidente. Un día antes de que los hermanos Miranda fueran a la CPI, cuando las sospechas sobre el Gobierno empezaron a llegar a los diarios, un ministro de Bolsonaro amenazó con denunciarlos por calumnias. Al día siguiente, los hermanos Miranda mostraron ante la CPI mostrando copias de documentos que sugerían, por ejemplo, pagos anticipados en un paraíso fiscal.

Bolsonaro trató de descalificar públicamente las acusaciones, pero sintió el golpe cuando nuevas sospechas llegaron a los telediarios. El martes por la noche, el diario Folha de São Paulo publicó la entrevista con el representante de una distribuidora de vacunas que estuvo en el Ministerio en febrero para ofrecer 400 millones de dosis de AstraZeneca y, dijo, el director de Logística del Ministerio, Roberto Ferreira Días, le pidió un soborno a modo de “peaje”. Ferreira Dias es uno de los jefes que también presionaban a Luís Ricardo Miranda para la compra de Covaxin.

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