Brasilia.- Este viernes es la fecha marcada por los sindicatos como protesta a la propuesta de enmienda a la Constitución que busca capitalizar las pensiones y endurecer las condiciones de jubilación.
Jair Bolsonaro y su equipo se han dado toda la prisa que han podido para que su controvertida reforma de la seguridad social pasara la criba del Congreso Nacional antes del 14 de junio, pero el calendario se les ha echado encima y esa es la fecha marcada para la primera huelga general convocada contra las medidas de su gobierno. Han pasado tan solo cinco meses y medio de legislatura.
El Ejecutivo no consigue convencer a los diputados, todavía en fase de Comisión Especial de Reforma de la Seguridad Social –antes de cerrar definitivamente el texto que será votado en la Cámara baja–, de todos los puntos del documento. Poco o nada se habló sobre este tema durante la campaña electoral del año pasado, conscientes todos los candidatos de que tratarlo en mítines y debates era adentrarse en arenas movedizas. En las 81 páginas del programa con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones, solo una mencionaba esta reforma, resumiéndolo en que «la gran novedad será la introducción de un sistema de cuentas individuales de capitalización», sin mayores explicaciones.
A la hora de la verdad, resultó que la reforma de la seguridad social era la principal arma de Bolsonaro y su ministro de economía
A la hora de la verdad, resultó que la reforma de la seguridad social era la principal arma de Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, para asegurar las cuentas públicas durante los próximos años y la capacidad económica de hacer frente a todos sus proyectos. La cifra mágica del ahorro que maneja y repite Guedes, esa que se obtendrá después de apretar el cinturón a los trabajadores, es la de un billón de reales. El mensaje gubernamental es que sin reforma de la seguridad social, no hay nada. Después de la reforma, vendrá todo lo demás.
Como era de esperar, la mayoría de la clase política asume la necesidad de una actualización, pero no todo el mundo está de acuerdo en las formas. En el sistema político brasileño, los diputados y senadores que tienen que aprobar medidas como esta, han sido votados individualmente por sus electores –listas abiertas–, han sido elegidos y deben justificar su elección, formando parte además de diferentes bancadas y grupos parlamentarios, algunos de los cuales se le están atragantando al nuevo mandatario a la hora de negociar.
Bolsonaro y Guedes se reparten el tiempo y las misiones. El primero se ha reunido esta semana con la mayor patronal de Brasil, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), mientras que el segundo ha intentado seguir acercando posturas con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido Demócratas), clave en todo este enredo y cada vez con más focos sobre él.
La propuesta de Guedes y Bolsonaro «pretende poner fin al sistema solidario de la seguridad social, perjudicando a la población económicamente más vulnerable», indica en una nota pública de apoyo a la huelga la Associação Juízes para a Democracia (Jueces para la Democracia).
«La capitalización propuesta pretende recoger la contribución del trabajador para un ahorro individual», continúa el texto, «que servirá para costear su propia jubilación, exonerando al Estado y al empleador del pago de sus actuales contrapartidas». Este detalle, en un país en el cual treinta y siete millones de personas trabajan en la informalidad –sin contrato, sin cotización–, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, significa dejar a mucha gente atrás.
Otro de los puntos que resaltan desde Juízes para a Democracia, aparte de la informalidad laboral, es la pésima calidad del empleo ofertado, teniendo en cuenta que únicamente podrán optar a la jubilación integral, al cien por cien, los trabajadores que acumulen cuarenta años cotizados: «Lo cual impide que aquellos contratados de forma precaria (tercerizados, temporales, intermitentes) por autorización de la reforma laboral, puedan obtener el beneficio».