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El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia legitimó las invasiones de tierra en nuestro país y el uso de la violencia por parte de los invasores, según afirmó el fiscal Jalil Rachid al hacer un análisis de la sentencia de la máxima instancia judicial. Los tres magistrados que la integraron la sala, Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, incurrieron en graves contradicciones y procedieron al margen la Ley, y el caso debe ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. No obstante, esta instancia no está habilitada a actuar de oficio. El senador Javier Zacarías, de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “el fallo Curuguaty propone libertad para matar, delinquir y atropellar la propiedad privada”.
ASUNCIÓN.– El criterio que se abre a partir del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que liberó a 11 personas involucradas en el crimen de policías, apunta a que se lesionó la credibilidad de la Justicia y se legitimó las invasiones de tierras y el uso de la violencia. El
fiscal Jalil Rachid, uno de los agentes responsables de la investigación del caso, dijo que “con esta sentencia se libera la violencia que utilizan los invasores para apropiarse de tierras que no les corresponden”.
El representante público asume que “contiene una serie de contradicciones e incoherencias” el fallo de la Sala Penal de la Corte, que anuló la condena que pesaba contra 11 campesinos acusados por el asesinato de oficiales de la Policía Nacional, a sangre fría y sin posibilidades de defenderse pues estaban desarmados.
Las contradicciones en la que cayeron los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez se percibe incluso en una primera lectura del escrito. Dijo Rachid que “la parte de fundamentación de la disposición, dos de los tres camaristas que integraban la sala penal, votaron a favor del reinicio del juicio”, y a pesar de esta disposición en la resolución finalmente los magistrados determinaron declarar la nulidad de la condena, conducta que Rachid, consideró “incoherente”.
Destacó que “acá lo importante es que se argumenta en un sentido y se resuelve otra cosa”, apuntó. Subrayó que ni siquiera los abogados de la defensa técnica habían solicitado la absolución de los representados.
SANDRA QUIÑÓNEZ
“El Ministerio Público hará uso de todos los resortes legales para que esto no quede impune”, aseguró Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado en relación al fallo del caso Curuguaty.
Anunció que se establecerá una defensa técnica al trabajo realizado en la investigación hasta el planteamiento de las penas y aclaró que “tiraron por tierra todo lo realizado en todo este tiempo”.
Dejó bien en claro el rechazo al fallo y que el Ministerio Público no quedará con los brazos cruzados.
Al ser consultada sobre si comparte o no la decisión de la justicia de anular la sentencia contra los procesados por el caso Curuguaty, fue categórica: “No, no comparto”.
Afirmó que los representantes del Ministerio Público han probado en juicio, además, ha sido objeto de análisis conforme a la sana crítica del Tribunal de Sentencia que ha juzgado y que luego la Cámara de Apelación lo ha confirmado.
“GRAVE Y NEFASTO”, SOSTIENEN FISCALES
Los fiscales responsables del caso Curuguaty calificaron de “grave y nefasto” el fallo de la Sala Penal de la Corte, integrada por tres camaristas. Anunciaron que harán acciones.
Los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero fueron quienes sustentaron la acusación en tanto Jalil Rachid llevó adelante la investigación.
Varios fiscales destacaron que se debe gestionar acciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El fiscal adjunto Augusto Salas dijo que “el Ministerio Público analiza denunciar a los camaristas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; este fallo produce un profundo daño a las instituciones de la República”.
Salas lamentó el fallo absolutorio que condenó a 30 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad al considerado líder del grupo, Rubén Villalba.
Anunciaron que recusaron a los miembros de la Sala Penal de la Corte. En reunión de prensa, la fiscal adjunta Teresa Aguirre, directora de Gabinete del Ministerio Público, explicó al respecto que se recusó a los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal de la Corte, “para que ya no intervengan en la causa”.
Los condenados por el crimen de 6 policías y 11 campesinos son Luis Olmedo Paredes, a 20 de prisión; Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, a 18 años; Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López, a 6 años, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería, a 4 años.
La fiscal Alcaraz explicó que “el único órgano habilitado para fijar los hechos y valorar las pruebas, es el tribunal de sentencia en un juicio oral y público. Acá hubo una sentencia condenatoria luego de un año de debate, donde en esa instancia se produjeron las pruebas”, y aseguró que “se quebró el principio de inmediatez”.
