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ASUNCIÓN.- El Dr. Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, destacó que el próximo 8 de marzo tienen un plazo improrrogable para presentar los alegatos en el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí. En la ocasión, estarían aclarando las dudas que plantearon los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Arrom y Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuestas torturas y desaparición forzosa en torno a las investigaciones del secuestro de Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en nuestro país el 16 de noviembre del 2001.
El organismo internacional concluyó la existencia de dichos actos y recomendó que Paraguay pague un resarcimiento material e inmaterial de 63 millones de dólares solicitado por ambos. Además, elevó el caso a la (CorteIDH), donde el gobierno paraguayo se defendió de las acusaciones en una audiencia realizada el pasado 7 de febrero en San José de Costa Rica.
Actualmente, Arrom y Martí se encuentran en carácter de refugiados políticos en el Brasil; sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez ya solicitó al gobierno brasileño la revocatoria del status para que puedan ser extraditados y juzgados en Paraguay.
OTROS TEMAS DE LA FISCALÍA
El presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, referente al conflicto que mantiene la Fiscalía con la Contraloría, señaló que han tratado de comunicar a la ciudadanía lo que es ya de conocimiento de todos, la situación es que la documentación para ser auditada fue presentada al Tribunal de Cuentas, que es un organismo limitado para ello.
“En cuanto al pedido de la Contraloría hay que hacer un poco de memoria, en ese sentido, en el año 2017 la Dr. Sandra Quiñónez se había comprometido públicamente a permitir el ingreso de la Contraloría para auditar, pero al año siguiente se abre una causa en el cual el actual contralor, Enrique García, resulta ser investigado. Entonces, ante esta particular situación, es evidente que sería sumamente difícil asegurar una completa objetividad en la investigación por parte del contralor”, refirió.
Asimismo, habló de que el contralor Enrique García habría solicitado la destitución de la directora de comunicación de la Fiscalía, la periodista Elida Favole, atendiendo el conflicto que se da entre la Contraloría y el Ministerio Público, según denunció el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
En ese sentido, manifestó: “la Compañera Elida es una persona bastante capaz para desarrollar su actividad no solo con la Dra. Sandra Quiñónez, sino también en la dirección del área de comunicaciones con varios fiscales generales. Es una persona de amplia trayectoria y realmente sería lamentable que se pudiera comprometer su trabajo”.
Sostuvo que la seguridad periodística es un tema que realmente preocupa. “Estamos hablando no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también de Paraguay, donde varios fueron objetos de atentados y siempre se ha tratado de silenciar a los medios de comunicación cuando están involucrados temas económicos, políticos o crímenes organizados”.
“Tenemos que mantenernos fuertes para que la prensa siga ejerciendo la libertad de expresión, comunicando e informando en los términos que establece la Constitución Nacional”, resaltó.
