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ASUNCIÓN- Los fiscales Guillermo Sanabria, Fabiola Molas y Osmar Segovia solicitaron una prórroga extraordinaria en la causa que involucra a ex ministros del gobierno de Mario Abdo Benítez y funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Esta solicitud se basa en la necesidad de resolver pendientes como recusaciones y recursos presentados, además de las diligencias complejas que están fuera del control directo del Ministerio Público y dependen de instancias internacionales.
Los imputados en el caso incluyen a Carlos Arregui Romero, ex ministro de Seprelad; Arnaldo Giuzzio Benítez, ex ministro del Interior; René Fernández Bobadilla, exministro Anticorrupción; Carmen María Pereira y Daniel Farías Kronawetter. La causa, conocida como la filtración de datos de Seprelad y denuncia falsa contra Horacio Cartes, revela serias acusaciones de filtración y manipulación de información confidencial durante el gobierno de Abdo, cuando las instituciones del Estado eran utilizadas como “garrote político” contra sus adversarios políticos, principalmente contra el expresidente Cartes.
En el caso de Arregui enfrenta múltiples cargos, entre ellos revelación de secretos privados y de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. René Fernández está imputado por denuncia falsa, simulación de hecho punible, asociación criminal y revelación de secretos de servicio. Arnaldo Giuzzio también está procesado por revelación de secretos, denuncia falsa, simulación de hecho punible y asociación criminal, junto con usurpación de funciones públicas.
El contexto de estas acusaciones se enmarca en un informe de Seprelad sobre Horacio Cartes, que los fiscales afirman contenía información tergiversada y falsa. Este informe habría sido utilizado por una supuesta organización delictiva encabezada por Mario Abdo Benítez y varios exministros, con el fin de desacreditar políticamente a Cartes y al actual presidente Santiago Peña.
El informe de inteligencia Nº 10/2022, elaborado por Arregui y otros funcionarios, habría sido clave en la filtración de datos sensibles. Según la imputación, Mario Abdo y el actual diputado Mauricio Espínola habrían filtrado información a medios de comunicación y redes sociales para influenciar la percepción pública y afectar a los adversarios políticos. La denuncia presentada por Giuzzio habría servido para justificar la investigación que resultó en la emisión del informe cuestionado.
La solicitud de prórroga permitirá a los fiscales completar la investigación y formular conclusiones definitivas en un caso que sigue desarrollándose y que tiene implicaciones significativas en el ámbito político y judicial del país.
