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ASUNCIÓN. Los fiscales Osmar David Legal Troche, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia presentaron ayer acusación contra Justo Rubén Ferreira Servín y su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, propietarios de la firma IMEDIC SA, por hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos y solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que la causa se eleve a juicio oral y público.

Esta es la derivación del sonado caso de compra de insumos médicos para su uso al inicio de la llegada de la pandemia del covid-19 al Paraguay. Además, hubo una adjudicación para proveer medicamentos con documentos falsificados.

Igualmente, los citados representantes del Ministerio Público imputaron por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténtico al despachante de Aduanas, Carlos Alberto Gamarra González y por complicidad de funcionarios de Aduanas a Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta Acosta.

“Este esquema delictivo se encuentra diseñado, a través del uso de figuras legales-administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no cuentan con los registros correspondientes para nacionalización y posterior comercialización”, señala parte del argumento de los fiscales.

“En cuanto a la estructura delictiva por el Ministerio Público, en este caso particular consiste en la existencia de un esquema delictivo creado por los acusados para la comisión de un fraude al Estado paraguayo”, añade la acusación.

Cabrá al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá fijar fecha para la audiencia en la cual se sustanciará o no la causa.