Conexión eléctrica en la Plaza Monseñor Agustín Van Aaken. Foto. Archivo.
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Caso Sarita: Piden juicio oral para presuntos involucrados

CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Cinthia Leiva Cardozo y Marcelo Saldívar formularon acusación contra la empresaria Carmen Carolina Fernández de Peralta (43) y dos funcionarios municipales, por los supuestos hechos punibles de  homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción. El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado Penal de Garantías número 3, a cargo del magistrado Carlos Vera. Los fiscales investigadores pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público.

Los encausados están sindicados de ser los responsables de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán Torres (2 años y 11 meses), quien se había electrocutado en una plaza pública de Ciudad del Este el 3 de enero de 2016.  Carmen Fernández es la directora de la empresa Lainuz S.A., firma que realizó los trabajos de remodelación de la plaza donde ocurrió el hecho, mientras los profesionales arquitectos abalaron las obras.

Según la acusación, el 3 de enero del presente año, a las 18:00 aproximadamente, la niña Sara Amapola se encontraba jugando en la plaza Agustín Van Aaken de la capital del Alto Paraná y al caminar sobre un cantero que rodea a un árbol sufrió la descarga eléctrica. La pequeña fue socorrida y trasladada al hospital de la Fundación Tesãi, donde estuvo internada por 17 días hasta que falleció el 20 de enero por “edema cerebral difuso pos electrocución. Quemadura por electrocución”, según el diagnóstico médico.

En el marco de las tareas investigativas, una comitiva de la Fiscalía y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se constituyó hasta la plaza y constató el grave incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos.

La acusación sostiene que la empresa constructora Lainuz S.A., dirigida por Carolina Fernández, entregó el trabajo de mejoramiento de la plaza a la Municipalidad, el 30 de marzo de 2015.

Sin embargo, posterior al hecho, un informe técnico de la ANDE sostiene que las instalaciones eléctricas no fueron realizadas conforme a tales especificaciones ni se respetaron las reglas generales de la construcción. Esta situación generaba un peligro constante a las personas que acudían a la plaza de referencia y en un hecho condicionante para que se produjera la descarga eléctrica que sufrió la niña Sara Amapola, que posteriormente le causó la muerte.

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