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CIUDAD DEL ESTE. El llamado “pacto institucional” sellado entre el movimiento “Yo Creo” y un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desató una grave crisis interna entre los azules de Ciudad del Este, salpicada por denuncias de corrupción y tráfico de influencias. En el centro de la polémica están más de G. 1.000 millones mensuales, supuestamente destinados a planilleros liberales a cambio de respaldo político al candidato del intendente Miguel Prieto.
El principal impulsor del acuerdo, Daniel Pereira Mujica, asesor municipal y aspirante a intendente impulsado por el actual jefe comunal Miguel Prieto, celebró en sus redes sociales la supuesta unidad con el liberalismo. Sin embargo, denuncias de dirigentes liberales y documentos internos señalan que el “pacto” estaría acompañado de un millonario esquema de prebendas.
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La reunión que selló el acuerdo se realizó en la casa de Elida Florentín, nueva coordinadora del consejo de comités del PLRA y cercana a Prieto. Asistieron unos 70 funcionarios municipales y varios actores políticos, entre ellos el exdiputado destituido por tráfico de influencias Carlos Portillo, ahora asesor de la comuna con un salario de G. 12 millones; el exdiputado Oscar González Drakeford, mano derecha de Prieto; el dirigente Julio Alvarenga; el cuestionado exdiputado, Manuel Trinidad; la concejal liberal María Portillo, quien, al igual que su hermano Carlos Portillo, tienen a varios familiares directos cobrando salarios en la Municipalidad de CDE, entre otros liberales. También participaron representantes del movimiento “Yo Creo”, como Francisco Arrúa, el diputado Walter García y el senador Rubén Velázquez.
En paralelo, el concejal departamental Arnaldo Barreto, también presente, fue señalado como beneficiario de millonarios contratos de obras municipales.
Según denuncias del dirigente liberal Iván Airaldi, la repartija de beneficios alcanza unos 13.000 millones de guaraníes al año, destinados a la contratación de más de 240 operadores como “planilleros”, además de otros 9.570 millones en contratos de obras, presuntamente dirigidos hacia aliados como Barreto, Drakeford y Teddy Mercado.
Se acusa a los Portillo de controlar cerca de 250 cupos de planilleros, mientras que Alvarenga y Drakeford manejarían otros 100 cupos.
El supuesto acuerdo provocó una reacción de rechazo en otro sector del PLRA. Dirigentes azules como Gustavo Cardozo y el propio Airaldi, junto a numerosos referentes zonales, desconocieron el “pacto” y lo calificaron como un negocio de “zoqueteros vendidos”.
