Santiago Peña, actual ministro de Hacienda y virtual candidato a la presidencia de la República por HC.
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Certeza Constitucional de la Corte evitó una catástrofe de la economía

La declaración de certeza constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón al Poder Ejecutivo para la emisión sin necesidad de la aprobación del Congreso, diluyó el boicot internacional de la oposición y la disidencia colorada. Además evitó consecuencias catastróficas para los intereses de la República, producto del terrorismo contra la economía, según Santiago Peña. El Ejecutivo aclaró que no se emitirá sin acuerdo del Congreso porque los bonos ya están aprobados. La oposición lanzó cuestionamientos a los miembros de la Corte Suprema, a los mismos que hace más de un año protegen evitando el juicio político.

ASUNCIÓN.- La certeza constitucional terminó diluyendo el boicot orquestado por los senadores Desirée Masi (PDP) y Mario Abdo Benítez (ANR-disidente), quienes lideran el grupo de congresistas que pretenderán ahora salir en contra de la determinación de la más alta institución judicial.

La fuerza legal que la Corte imprimió a la acción del gobierno obligará a la oposición y disidencia a deshacer el plan de boicotear a nivel internacional la emisión que el Ministerio de Hacienda está preparando para este fin de mes.

“Estos bonos son buitres, van a ser comprados por carroñeros. No tendrá validez alguna”, insistió Masi. Santiago Peña, ministro de Hacienda, fue tajante: “No estamos emitiendo sin autorización del Congreso, esa autorización está inserta en el Presupuesto que está vigente” y justificó la determinación de acudir a la Corte “y considero como un elemento positivo que la Corte Suprema de Justicia haya dado una opinión a través de una certeza constitucional, que es la instancia correcta. La instancia competente”, expresó.

El Ministerio de Hacienda emitirá este año bonos por US$ 558 millones, la mayor parte US$ 500 millones) se colocarán en el mercado internacional a fin de este mes y el resto, en el mercado local.

Los recursos obtenidos serán destinados al pago de deudas (57%) de gobiernos anteriores y a la inversión de obras de infraestructura. Según Enrique Bacchetta, senador colorado disidente, existen votos para oponerse a la emisión y de ejecutar la amenaza arriesgan el delito de irrespetar la ley que ellos mismos aprobaron en 2016.

Peña consideró que la oposición y la disidencia actúan de manera incorrecta al cuestionar el procedimiento de la Corte “porque lo que hicimos es ratificar que todo lo que estamos haciendo es legal. Acá hay que entender que se han respetado las instituciones, se han respetado los procedimientos, nosotros no estamos emitiendo sin autorización del Congreso y son incorrectos los pensamientos de los senadores que cuestionaron el procedimiento”.

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