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PEKÍN. El mundo todavía no tiene una vacuna probada en contra de la COVID-19, pero eso no ha detenido a los funcionarios chinos, quienes han intentado inocular a decenas de miles de personas, si no es que a cientos de miles, con lo que han evitado el proceso tradicional de ensayos clínicos. Se están administrando tres vacunas candidatas a los trabajadores que el gobierno considera esenciales, además de muchos otros, entre ellos empleados de las mismas farmacéuticas.
Los funcionarios están presentando planes para que todavía más personas sean inyectadas, para lo cual citan un uso de emergencia, una gran apuesta a que las vacunas demostrarán ser seguras y eficaces con el tiempo.
La premura de China ha desconcertado a los expertos del mundo. Ningún otro país le ha administrado a su gente vacunas que no hayan pasado por el proceso usual de ensayo de fármacos a una escala tan inmensa. Las vacunas candidatas están en la fase 3 de los ensayos (la última etapa), los cuales se realizan en su mayor parte fuera de China. Las personas de esos ensayos son rastreadas y monitoreadas de cerca. No queda claro si China está tomando esas medidas para todo aquel que se esté inyectando en el país.
Las vacunas sin probar podrían tener efectos secundarios perjudiciales. Las vacunas ineficaces podrían generar un falso sentido de seguridad y fomentar un comportamiento que podría producir incluso más infecciones.
El uso generalizado de las vacunas también plantea problemas de consentimiento, en especial para los empleados de los fabricantes chinos de vacunas y las empresas que posee el Estado, quienes podrían sentirse presionados a arremangarse. Las empresas les han pedido a las personas que se han puesto las vacunas que firmen un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablen sobre ellas con los medios.
