ADN Digital
Artículos relacionados
El Código Aduanero en el cual se apoyan los responsables de la incautación de un cargamento de cigarrillos paraguayos, desacatando una orden judicial, establece que es la Aduana la que debe decir si una mercadería es o no contrabando. Todos los productos que fueron decomisados en Salto del Guairá, la semana pasada, tienen documentación, pese a ello, y en una decisión política, establecerán que estaban saliendo en forma ilegal del país y los van declarar en infracción a las normas aduaneras.
ASUNCIÓN.- Ayer, tratamos de obtener la versión del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Arnaldo Giuzzio, y del encargado del reciente organismo creado Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), Emilio Fúster, sobre el desacato a la orden judicial firmada por el juez, Humberto René Otazú. Pero los dos funcionarios no respondieron a nuestros llamados.
El mandamiento de allanamiento claramente establecía que debían decomisar cigarrillos y otros productos que estaban ingresando de contrabando al país, pero los propios intervinientes explicaron que todo lo incautado no estaba entrando al país y sí estaba supuestamente por salir de territorio paraguayo con destino al Brasil.
Para la fiscal Carmen Gubetich de Cattoni no hubo desacato y se apoyó en el Código Aduanero. Pero no pudo explicar que no acataron la orden judicial que claramente dice que debían decomisar mercaderías que estaban entrando al país y que no tengan la documentación correspondiente.
Arnaldo Giuzzio, en declaraciones anteriores, ya asumió una posición similar a la fiscal Gubetich, de que los cigarrillos estaban en un puerto clandestino y por lo tanto estaban saliendo de contrabando, pero tampoco respondió sobre lo que dice el mandamiento de allanamiento firmado por el magistrado Otazú, sobre cargas que entran al país y no que salen.
“Asimismo, se autoriza la búsqueda y comiso de cigarrillos y productos varios como electrónicos y cubiertas para vehículos presumiblemente ingresados al país de contrabando, que no posean la documentación legal respaldatoria que avalen su ingreso al país”, dice parte de la medida judicial, que fue desacatada por los responsables del procedimiento.
La orden judicial igualmente establece que todo lo que cayó en comiso debe ser remitido a la Aduana, que es el organismo que debe decir si la carga es o no de contrabando. Esto establece el Código Aduanero.
Es casi seguro que la Dirección Nacional de Aduanas, a cargo de Julio Fernández, tome una decisión política y declare toda la carga incautada de contrabando, disponga que sea decomisado y destruido. Esto pese a que existen las documentaciones legales de todo el producto secuestrado en el procedimiento realizado la semana pasada en Salto del Guairá.
No existe un plazo para que la Aduana se expida sobre el tema, de acuerdo a los datos.
El pasado martes 18 de diciembre, en diferentes lugares de Salto del Guairá, la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, desarrolló varios allanamientos en puertos que, según informaron, son clandestinos. En esos procedimientos se incautaron decenas de embarcaciones, vehículos, generadores y unos cinco millones de cajetillas de cigarrillos producidas por una empresa nacional.
