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La comunidad internacional estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro. Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú se disponen a firmar hoy miércoles una carta dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en la que piden se inicie una investigación sobre los crímenes contra la humanidad que está cometiendo el régimen venezolano. Los países de la región condenaron, además, la ruptura del orden constitucional en el país y debatieron cómo hacer frente a la crisis humanitaria.
La solicitud no tiene precedentes. Se apoya en dos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmó que las “graves violaciones de los derechos humanos” que se están cometiendo en Venezuela justifican que se active este mecanismo de denuncia previsto por el tribunal de La Haya.
Estaba previsto que la carta se firmara ayer martes pero se aplazó un día por problemas de agenda. El paso de los cinco países, sin embargo, no implicará la apertura automática de una investigación en La Haya ya que eso depende de la Fiscalía del tribunal.
El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó en la víspera que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas.
De acuerdo al jefe de la diplomacia peruana, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. “Antes no se ha conocido… es la primera vez”, dijo en una entrevista con The Associated Press en Lima.
Popolizio indicó que se adjuntarán dos informes: uno de un grupo de expertos que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en Venezuela ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ambos informes servirán para sustentar la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, nacida en Gambia.
El canciller peruano dijo que la ventaja de la presentación de una denuncia por parte de países miembros del Estatuto de Roma permite un trámite más rápido. Esto “le da automáticamente una posibilidad a la fiscal y a la Corte Penal Internacional de hacer un procedimiento más acelerado”, explicó.
