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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Lic. Justo Cárdenas, tras la tercera reunión mantenida ayer en la mesa de negociación con los campesinos de Guahory, aseguró que existe un clima favorable en busca de una solución, porque hay predisposición de las partes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, advirtió que si la “cuestión es política” no avanzarán hacia un arreglo, porque el verdadero objetivo sería otro. Entretanto, los campesinos piden el retiro de las fuerzas policiales y denuncian represiones.
ASUNCIÓN.- Justo Cárdenas, titular del Indert, señaló que tienen la voluntad política de llegar a un acuerdo con campesinos en el caso Guahory y si la solución es social se daría esta semana.
“Si la cuestión es política, no hay voluntad de solución y el objetivo viene hacia otro lado, no se llegará a ninguna negociación. Estamos conversando desde la semana pasada con los miembros de la Comisión Vecinal, pero aún no hay nada cerrado”, expresó.
Por otra parte, expresó que “las negociaciones llevan su proceso porque es un problema social complejo, ya que afecta a una cantidad de 150 a 170 familias, para quienes hay que encontrar tierras de una dimensión de 1.500 hectáreas”.
Explicó que se están realizando trabajos técnicos y que hoy se reanuda la conversación, ya que quedaron en que ayer iban a mapear un sector de tierras que pertenece al Estado y que se pueden disponer para canalizar a favor de los colonos paraguayos.
Mencionó que cuatro puntos fueron bajados sobre la mesa para la solución a esta crisis. Éstas serían la recuperación y la reversión de estas tierras que son públicas, las cuales pueden disponer de forma inmediata, otra de ellas sería la reubicación de las familias en estos lugares y en otras colonias, también la instalación de una mesa de diálogo permanente a los efectos de llevar adelante los detalles y como cuarto punto el desarrollo inclusivo para ellos e integral para el Estado.
“Queremos desarrollar una colonia tipo modelo para que haya un reparto de tierra y tener una presencia fuerte del Estado”, agregó.
PESCANDO EN RÍO REVUELTO
Por su parte, el diputado liberal José Pakova Ledesma manifestó que el conflicto se agrava cada día más porque los colonos brasileños quieren realizar su plantación de soja y los labriegos no dejan realizar el cultivo hasta tanto no se resuelva el tema.
El legislador lamentó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se esté haciendo del desentendido al respecto y espera que el proyecto de expropiación, rechazado en la Cámara de Diputados, sea ratificado en su aprobación por el Senado.
El desalojo de los campesinos generó polémica porque saltaron versiones sobre el supuesto financiamiento de los colonos para que los efectivos policiales realicen el procedimiento. Unos 1.200 uniformados fueron desplegados para cumplir con la orden judicial de desalojo en la colonia ocupada por más de 200 familias campesinas.
El colono brasileño Ari Weber aseguró que pagaron la suma de G. 20 millones a los policías que fueron a realizar el desalojo de 200 familias en Guahory el pasado 15 de septiembre, para costear su combustible. “Les dimos como un regalo”, manifestó.
“Hacen todo sin pensar, incentivados por senadores y políticos”, expresó el colono brasileño que sostuvo que los labriegos llegaron armados hasta el lugar para enfrentarse contra los policías.
INVASORES NO ACEPTARÁN SER REUBICADOS
Los invasores de tierras de la zona de Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, se resisten a ser reubicados. Así manifestó ayer Jhonny González, dirigente campesino del lugar, y quien se encuentra con un grupo de labriegos negociando con el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.
El líder de los ocupantes añadió que los mismos reivindican las tierras de Guahory, donde tuvieron que salir tras una orden de desalojo. Afirmó que los colonos destruyeron plantaciones de frutas y hortalizas que fueron sembradas por los pobladores.
Igualmente, denunció que las fuerzas policiales apostadas en el lugar mantienen en permanente zozobra a los campesinos. Exigió el retiro de los mismos y responsabilizó al presidente Horacio Cartes y al gobierno en caso de derramamiento de sangre.
