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Colorados exigen celeridad a la Corte sobre senador ilegal

ASUNCIÓN.- La ANR, mediante una nota, ante la demora excesiva del trámite judicial y la irregularidad manifiesta del funcionamiento de la Cámara de Senadores, instó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con premura sobre esta cuestión, que hace a la institucionalidad de la República.

En ese sentido, el Dr. Darío Filártiga, vicepresidente de la ANR, manifestó que sería importante que la Corte dé curso a la acción de inconstitucionalidad planteada por la ANR por la banca que se le adjudicó ilegalmente al PLRA, porque corresponde al Partido Colorado, específicamente, a Arnaldo Franco, ante la renuncia del senador por el UNACE, Jorge Oviedo Matto. “Es una decisión arbitraria de la Cámara de Senadores, en vez de incorporar al suplemente que corresponde al partido más votado, que es el Colorado, incorporó a un senador suplemente de otro partido”, criticó.

Comentó que, ante esa situación, la ANR planteó una acción de inconstitucionalidad. “Ahora estamos pidiendo a la Sala Constitucional que arbitre las medidas que corresponde, de tal forma que se solucione esa cuestión que significa un quiebre institucional en el funcionamiento irregular del Senado”, apuntó.

Asimismo, agregó: “desconocemos que, hasta el momento, se le haya dado trámite, así como no sabemos si corrió la denuncia formulada por un grupo de senadores colorados contra Fernando Lugo Méndez, por haber convocado a senadores que no fueron electos ni proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en reemplazo de los que verdaderamente debían haberlo hecho”.

En una parte, el comunicado expresa: “En una medida a todas luces ilegal, una mayoría coyuntural de la Cámara de Senadores adjudicó la banca vacante por renuncia de un senador del Partido Unace, al Partido Liberal Radical Auténtico, cuando las disposiciones constitucionales y legales determinan con claridad que esa banca corresponde a un representante electo del Partido Colorado, cuya lista fue la más votada en las últimas elecciones generales”.

Sostiene además, “se consumó de esa manera un atropello a las normas jurídicas y a la decisión de la voluntad popular, atentando contra derechos políticos, electorales y constitucionales de los ciudadanos, en este caso, de afiliados a la Asociación Nacional Republicana”.

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