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Recién mañana se reunirán, por primera vez, los miembros de las 6 comisiones que conformó la Cámara de Diputados el miércoles pasado, y que debieran haber estado apuradísimos por iniciar sus actividades, habida cuenta de que deben entregar sus dictámenes, como fecha límite, el próximo 20 de noviembre.
Pero no fue así. A diferencia de lo que indica el sentido común, los diputados que integran las comisiones están, podríamos decir, extremadamente relajados y no tienen ningún apuro en iniciar los trabajos, así que recién mañana se reunirán para hacer todo eso que se hace cuando una comisión empieza a trabajar, elegir a su mesa directiva, armar un esquema de trabajo, un calendario de entrevistas a los concejales municipales y al intendente en cuestión, y la distribución de tareas.
Así que no es en vano que haya empezado a correr el fuerte rumor de que la integración de estas comisiones se realizó solamente para acallar a sectores ciudadanos que exigían una definición en cuanto a los pedidos de intervención de las administraciones municipales que se encuentran en la picota.
El tema es que, desde que se recibieron los pedidos, el presidente de la cámara, Miguel Cuevas, mantuvo una actitud tan displicente, que la gente, especialmente de los municipios afectados, empezó a ponerse nerviosa y a temer que las denuncias en contra de sus intendentes fueran a caer en saco roto. Así que, ante el vendaval de críticas, la mesa directiva habría decidido conformar las comisiones, para acallar las críticas.
Esto podría significar una de dos cosas. O, realmente, la intención es dilatar al máximo una definición en cuanto a las denuncias, lo cual resulta difícil de creer, por lo menos si se van a respetar los plazos que da la ley para el proceso, o, en realidad, estas comisiones no son más que un bluf con el que se piensa dar un ropaje de legalidad a una decisión política que ya fue tomada en cuanto al futuro de los intendentes de cada uno de los 6 municipios denunciados.
Realmente esto tiene mucho sentido, ya que sabemos muy bien que las cámaras del Congreso se manejan siempre con un fuerte contenido político, aplicando el famoso reglamento 23 (Senado) o 41 (Diputados), lo que indica que sin importar los argumentos jurídicos, lo único que importa es qué sector tiene la mayoría para imponer su criterio en cualquier caso.
Dicen que en el caso de Ciudad del Este, administración de Sandra McLeod, la decisión política está a favor de la intervención, lo cual tiene bastante lógica ya que, aliados, abdistas y opositores tendrán la mayoría necesaria para imponer su criterio. Esta es la segunda vez que se intenta intervenir la administración de la esposa del senador Javier Zacarías Irún, pero en el 2016 la situación política era diferente, y esa vez se rechazó la intención de los concejales municipales.
Si esto es cierto, también podríamos empezar a pensar que 5 de los 6 intendentes denunciados pertenecen al sector de Honor Colorado, lo que para cualquier persona avispada podría tener visos de persecución política. Y si es así, podríamos estar casi seguros de que, por lo menos, 5 municipios serán intervenidos.
Esperemos que estos rumores estén equivocados y que, por primera vez, los diputados hagan una investigación en serio de las denuncias presentadas, en cada caso, y resuelvan de acuerdo a las pruebas que consigan. Que por una vez hagan lo que tienen que hacer, y cómo tienen que hacer.