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ASUNCIÓN. En el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados figura el proyecto de Resolución que formula la acusación ante el Senado, contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, “a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”.

El proyecto fue presentado el lunes pasado, firmado por varios legisladores de la oposición y se decidió girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ayer, en mayoría emitió un dictamen rechazando la medida por no existir causales suficientes para el juicio político. La encuentrista Kattya González y la patriaqueridista Rocío Vallejo, integrantes de la comisión, se abstuvieron a votar aludiendo al hecho de que el proyecto no tuvo entrada oficial a la cámara, por lo que no correspondía que se tratara ya en Constitucionales.

De todos modos, el proyecto está incluido en el orden del día de hoy. Como cámara acusadora, Diputados debe iniciar el proceso, aprobando el libelo acusatorio con mayoría absoluta de votos. Si lo consigue, se remite al Senado, designando a 3 fiscales, que son los que formularán la acusación ante la Cámara Alta, que para destituir al funcionario enjuiciado necesita mayoría absoluta de dos tercios de votos.

Pretenden enjuiciar a Quiñónez por haber, supuestamente, traficado influencia al beneficiar a un empresario cercano al expresidente Horacio Cartes, al que se permitió que hiciera la cuarentena en su domicilio, luego de haber vuelto del exterior. Aunque quedó demostrado que no hubo ningún procedimiento irregular, porque el hombre tenía una enfermedad de base que hacía propicio el hecho de que el aislamiento lo hiciera en su casa, los medios y sectores de la oposición insisten en condenar a Quiñónez por el hecho.