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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se pronunció contra la represión y la criminalización respecto a los últimos desalojos y hechos de violencia de las autoridades policiales contra campesinos y comunidades indígenas.
“Observamos con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el Gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay”, indicaron a través de comunicado.
Además, cuestionaron los hechos recientes acontecidos en la comunidad de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú, donde durante un desalojo quedaron campesinos heridos, y una decena de personas detenidas.
Recordaron también, la situación de las personas de la comunidad indígena Ka’a Poty, del pueblo Ava Guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, quienes tras volver a sus tierras ancestrales, después de largos meses resistiendo en la Plaza de Armas en Asunción, son hostigadas y reciben amenazas por parte de sojeros brasileños de la zona, afirmaron.
“A todo esto, sumamos la muerte de Édgar Centurión, de 29 años, un joven agricultor que fue asesinado en junio pasado, durante un violento procedimiento policial en la localidad de Edelira, Departamento de Itapúa”, puntualizaron.
“Rechazamos y condenamos el accionar del Gobierno en estos casos, que siempre ante las disputas sobre la tenencia de la tierra busca criminalizar y violentar a las personas propietarias ancestrales de las mismas y a las verdaderas personas sujetas beneficiarias de la Reforma Agraria, sin plantearse la cuestión desde una óptica económica y social, ni abordar el problema de fondo: La distribución y la tenencia de la tierra en el Paraguay”, acotaron.
