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Confirman a Amarilla en el caso de bomba molotov

Gustavo Amarilla, juez Penal de Garantías.

ASUNCIÓN.- La Corte Suprema de Justicia confirmó al juez Gustavo Amarilla en la causa que investiga la supuesta fabricación de bombas caseras tipo molotov dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), durante las manifestaciones realizada el pasado 31 de marzo.

El magistrado había sido recusado por uno de los procesados, Stiben Patrón (preso), lo que trabó el proceso. Sin embargo, la máxima instancia judicial desestimó la acción calificándola de inadmisible y lo ratificó en la causa luego del rechazo de la Cámara de Apelación, 1° Sala.

También están imputados y prófugos por el mismo caso Luis Osvaldo Sánchez, Brian Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino. Los mismos pidieron refugio político en Uruguay, con ayuda del titular PLRA, Efraín Alegre, quien según las filmaciones fue unos de los principales incitadores a la violencia frente al Congreso Nacional. Sin embargo, el político liberal hasta ahora no fue llamado por la Justicia para explicar su lamentable actuación

En este proceso se investiga el hecho punible de fabricación ilícita y hechos punibles conexos de la Ley 4.036/10 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”.

Según los antecedentes, el 29 de abril 2017, el fiscal Eugenio Ocampos, hoy recusado, había imputado a Luis Osvaldo Sánchez y Brian Esteban Martínez Jara. En tanto Rubén Galeano y Osvaldo Daniel Aquino fueron procesados el pasado 7 de junio. Con base en las citadas imputaciones, fueron libradas órdenes de detención.

La solicitud de declaración de rebeldía de los imputados se resolvió teniendo en cuenta las publicaciones de medios periodísticos en fecha 12 y 13 del corriente mes, que refieren que los hoy imputados se encontrarían en Uruguay.

Según el pedido de rebeldía, dichos requerimientos se fundan en el artículo 82 del Código Procesal Penal, pues los imputados, a pesar de tener conocimiento de la medida cautelar (órdenes de detención) que pesaban en su contra, abandonaron el país y se trasladaron a Uruguay, sustrayéndose de esa manera al presente proceso penal.

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