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ASUNCIÓN. Mientras desde varios sectores piden al presidente Mario Abdo Benítez que vete la ley que reglamenta la pérdida de investidura (sancionada por tercera vez por el Congreso) el Ejecutivo ni siquiera recibió aún el texto que fue aprobado el jueves pasado por el Senado en la versión de Diputados, que establece que un legislador solamente podrá ser expulsado con la mayoría absoluta de 2 tercios de votos (30 para el Senado y 53 para Diputados).
El argumento de varios constitucionalistas que se oponen a la ley sancionada es que viola preceptos de la Constitución Nacional que no incluye la pérdida de investidura entre las acciones del Congreso que requieren una mayoría calificada para su implementación. Esto significa que la destitución de un legislador debe darse por mayoría simple, algo que se vino haciendo hasta ahora, en el Senado 6 veces y en Diputados, 1, hace 2 semanas cuando se expulsó a liberal Carlos Portillo.
Sin embargo, los legisladores que votaron por la mayoría absoluta de 2 tercios es que es absurdo que se requiera solo la mitad más 1 del voto de los presentes para expulsar a un legislador mientras que para suspenderlo por 60 días se exige que sea una mayoría absoluta.
Lo cierto es que el artículo 201 de la Constitución, que establece la pérdida de investidura de un legislador, no establece ninguna condición para el efecto, salvo que el acusado viole el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y que se compruebe fehacientemente que ha realizado uso indebido de influencias. Ni siquiera dice que habrá que reglamentar la figura, por lo que muchos consideran que la ley sancionada es un nuevo intento de los parlamentarios de autoblindarse para no perder la banca a pesar de las acusaciones en su contra.
Voceros de la Presidencia aseguran que Abdo Benítez se tomará su tiempo para analizar la ley una vez recibida. Al inicio de su mandato ya vetó la norma por considerar que era violatoria de la Constitución justamente al establecer una mayoría calificada, y en este momento, cuando la crispación ciudadana es mucho más intensa ante el descontrol sanitario a causa del Covid-19, pareciera mucho más obvio que volverá a recurrir a la herramienta del veto para evitar el autoblindaje legislativo.
