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CIUDAD DEL VATICANO. En el marco de la limpieza en curso en las oscuras finanzas del Vaticano -que además, se encuentran en una crisis sin precedente debido al coronavirus-, el papa Francisco promulgó hoy un decreto que cambia radicalmente la política de compras, licitaciones y contratos de la Santa Sede. El objetivo primordial es la transparencia, pero también la centralización de las compras y una drástica reducción de los gastos, más que necesaria en un momento de graves dificultades económicas.

En un nuevo “Motu Propio” que fue fruto de cuatro años de trabajo entre diversos entes vaticanos, el Papa estableció detalladas normas “sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”. Se trata de un “Código de contratos” que de ahora en adelante se convertirá en una referencia única para todos los entes, del que se ocupó especialmente en los últimos meses el nuevo “ministro de Economía” del Vaticano, el padre jesuita Juan Antonio Guerrero Alves, sucesor del cardenal australiano George Pell en la Secretaría para la Economía, un cargo considerado una verdadera ‘papa caliente’.

Esta detallada legislación -que consta de 86 artículos, más 12 relativos a la tutela jurisdiccional en casos de contenciosos- “se inscribe en la más avanzada legislación internacional en la materia”, subrayó un comunicado del Vaticano. Contempla la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, reemplaza las normativas anteriores y se extiende a todos los entes de la Santa Sede que adolecían de leyes propias para contratos y licitaciones. La nueva ley permitirá una mejor gestión de los recursos y reducirá el peligro de corrupción.

“La diligencia del buen padre de familia es el principio general y de máximo respeto, sobre la base del cual todos los administradores deben atender sus funciones”, escribió el Papa en el comienzo del texto, que destaca la “urgente exigencia de una administración fiel y honesta”, especialmente a la hora de gestionar bienes públicos.

El primer artículo explica el objetivo de la nueva ley, que es el empleo sostenible de los fondos internos, la transparencia de los procedimientos de adjudicación, “la paridad de trato y la no discriminación de los oferentes, en especial, mediante medidas que permitan contrastar acuerdos ilícitos en materia de competencia y la corrupción”.

El artículo 5 enumera los principios fundamentales: la ética en las decisiones económicos y en los interlocutores, en el respeto de la Doctrina Social de la Iglesia; la autonomía administrativa y la subsidiariedad; la leal colaboración entre los diversos entes, para obtener “economicidad, eficacia y eficiencia”, así como “programación y racionalización del gasto”, evitando operaciones no necesarias y, sobre todo, un procedimiento de adjudicación “transparente, objetivo e imparcial”.

El nuevo código, que entrará en vigor en treinta días, contempla medidas en contra del conflicto de interés, así como de acuerdos ilícitos en materia de competencia y corrupción. Todo esto para evitar “cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de trato entre todos los operadores económicos”, subrayó Vatican News.