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ASUNCIÓN.- La acción de inconstitucionalidad en contra del mandato partidario decidido en la convención liberal debe ser resuelta en estos días, puesto que el proyecto de enmienda constitucional se presentará en 2 semanas y los llanistas necesitan estar habilitados para votar a favor del mismo y en contra de lo dispuesto por el PLRA.
La abogada Basiliza Vázquez presentó la acción en representación de 8 senadores pertenecientes al Equipo Joven del PLRA, que ya manifestaron públicamente su apoyo al proyecto de reelección presidencial vía enmienda. El fondo de la cuestión es que piden a la Corte que rechace el mandato partidario resuelto en la última convención liberal, que pretende obligarles a votar en contra del segundo mandato.
Los senadores que pretenden anular el mandato partidario son Blas Llano, Fernando Silva Facetti, Zulma Gómez, Blanca Fonseca, Blanca Lilia Mignarro, Enzo Cardozo, Ramón Gómez Verlangieri y Julio César Franco.
El artículo 201 de la Constitución Nacional establece que senadores y diputados no estarán sujetos a ningún mandato imperativo, lo que hace inconstitucional la pretensión del efrainismo de obligar a sus correligionarios a votar en contra de la enmienda.
De hecho, el año pasado, cuando se trataba de un problema similar en la ANR, el oficialismo liberal se sumó a la campaña de carteles en el Senado rechazando el mandato imperativo decidido por la convención colorada. Pero ahora, que es el efrainismo el que pretende imponer a sus legisladores el rechazo a la enmienda, su postura es diametralmente opuesta.
La Corte parece no tener plazos imperativos así que en cada caso actúa de manera diferente; en algunos, su sentencia sale rápidamente y en otros pueden pasar varios meses hasta que haya alguna novedad.
El problema es que el proyecto de enmienda se tratará la próxima semana y para entonces, los senadores llanistas necesitan contar con una herramienta legal que les permita votar a conciencia, sin que el PLRA pueda pensar siquiera en sancionarles con la inhabilitación durante 10 años, algo que también fue aprobado en la convención por la mayoría oficialista.
Lo más probable es que sea algún tribunal de apelaciones el que dicte alguna medida de urgencia a fin de impedir que el sector liberal que responde a Blas Llano deba estar con las manos atadas en el tratamiento del proyecto.
