martes , agosto 4 2020
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Corte debe declarar inconstitucional Contrato de la Municipalidad de Asunción con consorcio panameño, según Fiorotto

Orlando Fiorotto,concejal municipal de Asunción.

ASUNCIÓN. La noticia de que la empresa panameña TX había decidido demandar a la Municipalidad de Asunción por 15 millones de dólares, hace que resulte urgente una definición de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una acción de inconstitucionalidad presentada por los concejales Orlando Fiorotto y Rosana Rolón, además de 4 mil contribuyentes firmantes por el movimiento “Asunción no se vende”, de acuerdo a la opinión del mismo concejal colorado.

Es inconstitucional e ilegal el contrato con los panameños, según Fiorotto, quien dijo que siempre se ha denunciado esta situación irregular a la que llevó al municipio la administración del exintendente Mario Ferreiro, que fuera homologada por la mayoría de la Junta Municipal.

“Para desgracia de los asunceños, a la Comuna le cuesta una nueva  demanda por 15 millones de dólares por parte de TX- Panamá, cuyo contrato fue rescindido por la administración de Óscar Rodríguez por tener causales de rescisión, a pesar de lo cual los panameños anunciaron la demanda contra la municipalidad”, explicó el concejal.

La acción de inconstitucionalidad se presentó hace dos años, ni bien Ferreiro anunció la firma de contrato con TX, con el objetivo de tercerizar el cobro de impuestos municipales. Inmediatamente, encabezados por Fiorotto y Rolón, se constituyó el movimiento “Asunción no se vende”, que recurrió a este procedimiento judicial. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la Corte sigue sin expedirse sobre el tema.

Fiorotto aseguró que ante la amenaza de demanda por parte del consorcio, lo único que puede salvar al municipio es la sentencia que declara Inconstitucional las Resoluciones de Mario Ferreiro y la Junta Municipal, para lo cual debe integrarse la Corte con los miembros que faltan”.

Esta nueva demanda se suma a otras anteriores que han perjudicado terriblemente las arcas municipales, como el caso de Ivesur, por 3.600 millones de dólares o el de Parxim, sobre el estacionamiento tarifado, que demandó a la municipalidad por 5 millones de dólares.

“A esto se exponen los recursos de los contribuyentes, cuando se autoriza al intendente a firmar contratos leoninos, ilegales e inconstitucionales. La Corte tiene la inmensa responsabilidad de ubicarse a favor de la ciudadanía. Las atribuciones de carácter constitucional de los municipios son indelegables”, concluyó.

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